El 20 de enero de 2025, en varios puntos de la frontera entre México y Estados Unidos se dio un contraste en apenas unas horas: a las 6 de la mañana se permitió la entrada a territorio estadunidense de varias decenas de migrantes que, a través de la herramienta CBP One, tenían cita para iniciar su trámite de asilo.
Cuatro horas después –justo cuando Donald Trump tomaba posesión para un nuevo periodo– se cerraron las puertas a un segundo grupo de personas, aun cuando contaban con el documento oficial que acreditaba su derecho a comenzar ese proceso ese mismo día.
Fue el primer golpe del magnate a la esperanza de millones de migrantes que se habían arriesgado a recorrer la ruta hacia el norte en busca de mejores opciones de vida en Estados Unidos.
La millonaria estrategia de terror emprendida por el gobierno de Trump para desalentar los flujos migratorios –sin precedente– ha tenido impacto en todo el recorrido que va desde el sur del continente hasta el vecino del norte, de acuerdo con especialistas.
La dura maquinaria armada por la Casa Blanca abarca la cancelación de los procesos para obtener asilo; la militarización de la frontera sur y de estados considerados “santuarios” para la migración, como California; las deportaciones inmediatas para quienes logran cruzar; la presión a países como México y Panamá para que impongan obstáculos a los migrantes, así como las violentas redadas de elementos del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra extranjeros ya establecidos en Estados Unidos.
Reforma drástica
Todo ello ha desmotivado a millones de personas a salir de sus países de origen, aunque permanecer en ellos represente un riesgo para su seguridad.
Quienes finalmente se arriesgan han sido orillados este año a “optar por vías más clandestinas e inseguras”, apunta un funcionario internacional que habla bajo condición de anonimato, debido a que trabaja en áreas de apoyo al gobierno de México.
“La administración Trump ha reformado drásticamente la maquinaria gubernamental para perseguir a los migrantes indocumentados en el país, disuadir las llegadas irregulares a la frontera, precarizar la situación de muchos inmigrantes residentes legales e imponer obstáculos a la entrada legal de gran parte de los viajeros internacionales y posibles inmigrantes”, expone, por su parte, el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, en un análisis sobre el primer año de Trump y su impacto en la migración.
Las presiones del magnate sobre Panamá llevaron a que el gobierno del presidente José Raúl Mulino anunciara, en marzo del año pasado, el cierre de los centros migratorios que formaban parte de la ruta del Tapón del Darién, un cruce central para los migrantes que transitaban de Sudamérica hacia el norte, incluidos personas de África, Asia y Medio Oriente.
En el caso de México, ante las amenazas de Trump de imponer aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decretó el envío de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a puntos fronterizos con Estados Unidos y se reforzaron las acciones para concentrar a las personas migrantes en estados del sur del país.
Las cifras son contundentes: entre 2022 y 2024, cerca de un millón de personas atravesaron a pie el Darién, la selva ubicada entre Colombia y Panamá. Hoy el escenario es completamente distinto: entre enero y noviembre de 2025, apenas 3 mil 32 migrantes lo hicieron.
Asimismo, los cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos han caído más de 90 por ciento en el último año en comparación con el anterior.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que entre febrero y diciembre de 2025 –los primeros meses del nuevo mandato de Trump– se reportó un promedio mensual de 11 mil “encuentros” con migrantes en la frontera sur estadunidense, mientras en el mismo periodo del año previo la cifra fue de 130 mil al mes.
Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en procesos migratorios, afirma que las acciones tomadas por Washington han reducido drásticamente el flujo migratorio hacia Estados Unidos.
“Han funcionado de manera apabullante, sin duda. Hoy no tenemos el flujo de extranjeros de años recientes, en particular de 2023, cuando se registraron las cifras más altas de ‘encuentros’ entre migrantes y agentes migratorios en la frontera: en diciembre de ese año se dieron 300 mil; hoy oscilan entre 8 mil y 10 mil. Para lograrlo, Trump contó con el apoyo del gobierno de México; sin éste no lo habría conseguido”, apunta el especialista.
Añade que las estrategias del republicano han abordado la problemática desde varias aristas, todas ellas punitivas; sin embargo, afirma que no existe interés en resolver las causas de la migración.
“Estados Unidos se ve a sí mismo como el atractivo al que todos desean ir, pero no pone atención en los factores estructurales del fenómeno. Se ha concentrado exclusivamente en cortar los incentivos para migrar. Hoy es más costoso que antes, no sólo en lo económico: las personas también valoran el riesgo de ser deportadas tras cruzar, aun cuando necesiten protección internacional, o de ser detenidas ya dentro del territorio estadunidense. Los operativos del ICE, la militarización de la frontera y la campaña mediática generan imágenes de terror que desincentivan la migración”, expone.
El MPI subraya que esa política del miedo ya alcanza a la comunidad migrante que reside de manera regular en Estados Unidos.
“El enfoque de línea dura se ha extendido a muchos inmigrantes que viven legalmente en el país y a quienes aspiran a ingresar de forma regular. La administración ha retirado protecciones legales temporales a más de 1.5 millones de personas en libertad condicional humanitaria, ha detenido casi por completo el reasentamiento de refugiados y ha restringido severamente el acceso al asilo. También ha impuesto obstáculos que han ralentizado la concesión de la residencia permanente legal, los visados temporales y la ciudadanía estadunidense”, señala el MPI.
Esto se ha traducido en que, en los primeros meses del segundo mandato de Trump, el número de migrantes en Estados Unidos haya disminuido.
Un estudio del Centro de Investigaciones Pew, con sede en Washington, indica que por primera vez en 50 años el país ha visto reducir la población migrante, al pasar de 53.3 millones en enero de 2025 a 51.9 millones en junio del mismo año, es decir, 1.4 millones menos.
Frente a este giro, México se presenta hoy como una opción para miles de personas en movilidad forzada. Un reporte reciente de la oficina en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados revela que, por primera vez en cuatro años, en 2025 México se convirtió en el principal destino de personas que huyen de la violencia y requieren protección internacional.
Las cifras de solicitantes de asilo en 2025 se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que el año previo. Datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados muestran que hasta septiembre pasado se habían registrado casi 55 mil solicitudes.
No obstante, el funcionario consultado –quien pidió el anonimato– considera que el gobierno de México debe ofrecer mayores opciones a las personas en movilidad forzada, pues ante las políticas de Trump han tenido que permanecer en el país “en condiciones terribles”.
Un ejemplo de la necesidad de modificar las políticas migratorias es que, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre No Devolución, la entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias por parte del Instituto Nacional de Migración a solicitantes de refugio, víctimas de delitos, así como a niñas, niños y adolescentes no acompañados, cayó drásticamente en 2024. Ese año se expidieron únicamente 618, mientras en 2023 fueron 94 mil 829.
Para el especialista, el reto regional es encontrar alternativas para quienes necesitan movilizarse. “La nueva discusión es: ¿qué hacen las personas que ya no pueden salir de sus países? ¿Qué escenarios tienen hacia otros rumbos?”, concluye.
Emir Olivares y Arturo Sánchez
Fuente: La Jornada