Juez otorgó una suspensión provisional a 315 funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía para que no se les aplique la legislación que señala que nadie debe ganar más que el Presidente
Las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, recién publicada en mayo pasado, no será aplicable al menos para funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que solicitaron un amparo ante tribunales y lograron obtener una suspensión provisional.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), uno de los organismos descentralizados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene 700 trabajadores operativos de confianza a nivel nacional.
De esa cifra, 315 (un 45 por ciento) consiguieron ampararse en contra de la también conocida como Ley de Salarios Máximos con la firma de abogados Trusan & Roma.
Asimismo, solicitaron el amparo jubilados y pensionados del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), y trabajadores activos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Antonino L. y coagraviados, para el efecto de que no se apliquen las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de mayo de 2021, así como el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, se lee en la notificación de este amparo indirecto 282/2021, otorgado el pasado 18 de agosto, por el juez primero de Distrito del Centro Auxiliar con residencia en la Ciudad de México.
Con esta suspensión que está otorgando el juez quedan protegidas las percepciones que tienen estos trabajadores, como bono de puntualidad; incluso su salario”, afirmó en entrevista, Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma.
Esta nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), que se expidió el 19 de mayo de 2021, fijó que ningún funcionario de la Administración Pública Federal, tendría una remuneración más alta que la del Presidente y que todas las pensiones y jubilaciones se ajustarán a las leyes de seguridad social.
Una remuneración incluye salario; compensaciones; percepción extraordinaria como premios, recompensas, bonos, reconocimientos o estímulos, pago de horas extra y asignaciones excepcionales; prestaciones; aguinaldo y gratificación.
La norma de esta nueva ley fija el PIB como referente para determinar las retribuciones de los trabajadores públicos. Establece, en un método que no se había aplicado antes en el país, una fórmula para calcular la llamada Remuneración Anual Máxima, que pertenece al presidente.
Desde noviembre de 2018 se han expedido tres leyes para reducir los ingresos de los servidores públicos de confianza y fijar como tope salarial y de remuneraciones los ingresos del Presidente de la República. La primera fue Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que determinó el salario máximo a 108 mil pesos netos mensuales y eliminó las compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado; mientras que la segunda fue publicada el 19 de noviembre de 2019, la llamada Ley Federal de Austeridad Republicana con 60 artículos, entre los que incluía una veda de 10 años a los funcionarios para trabajar en la Iniciativa Privada.
De acuerdo con información de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, del 5 de noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019, se habían presentado 9 mil 683 amparos directos e indirectos en contra la pasada Ley Federal de Remuneraciones y Ley Federal de Austeridad Republicana, en todos los circuitos de la República Mexicana.
Pero la reducción del salario no es lo único que amenaza a los servidores públicos, sino a una de las primeras promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador luego de ganar las elecciones, al anunciar que en su administración reduciría el 70% de la plantilla laboral de los empleados de confianza del gobierno federal.
En este mismo periodo, del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2020, el Sistema del Registro Único de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP), registró a 60 mil 717 servidores públicos que renunciaron, reportaron su baja o su puesto fue suprimido.
Mientras que del 1 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, el número de demandas laborales interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por exservidores públicos debido a presuntos despidos injustificados fue de 4 mil 727.
Al cierre de 2019, la cantidad de personal adscrito a las instituciones de la Administración Pública Federal era de un millón 606 mil 800, de acuerdo con el Inegi.
En relación con la remuneración del personal, en 2019 poco menos de la mitad de personal (47.8%) recibió remuneraciones mensuales de hasta 10 mil pesos; 22.4% percibió entre 10 mil y 20 mil pesos; 8.4% entre 20 y 30 mil pesos, y uno de cada seis servidores públicos tuvo ingresos por más de 30 mil pesos mensuales”.
El 8 de julio, el ministro Fernando Franco González Salas negó suspender la aplicación de la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de las impugnaciones presentadas por el Inegi, el INE, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el argumento de que el tope salarial los limitaba en su autonomía e independencia.
Claudia Solera
Fuente: Excelsior