Alvaro Aragón Ayala
Rubén Rocha Moya es un magnífico gobernador que cuenta con la base social, la experiencia y los planes para pasar a la historia sin estigmas y convertirse en el mejor mandatario estatal que ha tenido Sinaloa, pero quienes lo “asesoran” no han comprendido la magnitud del proyecto transformador rochista y operan a contracorriente de la idea de transcender en el tiempo y en el espacio con un proyecto constructor, promotor del cambio verdadero.
Por la inexperiencia, la “avaricia política” y la estulticia, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la JuCoPo, y Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno, no entienden todavía que sus posiciones son para solucionar problemas no para generarlos y no comprenden que toda operación política por mínima que sea la deben realizar con precisión quirúrgica, protegiendo siempre la imagen y el proyecto del gobernador.
Feliciano y Enrique Inzunza le están fallando a Rubén Rocha, pues cada día que pasa le provocan nuevos problemas colocándolo innecesariamente en el blanco de la sospecha de jugadas políticas que podrían haberse solucionado en la mesa del diálogo sin tocar los umbrales de la judicialización o el choque que a última instancia podría provocar la ruptura del jefe del Ejecutivo Estatal con actores políticos o forjar brotes de ingobernabilidad.
En un principio, a la sociedad sinaloense le agradó la designación de Enrique Inzunza Cázares como secretario general de Gobierno por ser un conocedor de la Constitución y la disciplina del derecho, pero el estallamiento de conflictos políticos que no corresponden resolver a la instancia del Ejecutivo Estatal y que la “opinión pública” traslada al Tercer Piso, despiertan la presunción de que quiere tornarse en muy necesario en el gabinete por la tendencia a judicializar el ejercicio de la política o a intentar usar las instituciones judiciales en la aparente “solución” de problemas políticos.
Otra percepción que surge debido a la falta de una fina operación política y la orientación torpe en el trabajo discursivo en el Congreso Local, en el que el diputado Feliciano Castro emite juicios de valor que faltan a la verdad, es en el sentido de que el Poder Legislativo, bajo el control de Morena, con sus pactos soterrados o abiertos, pudiera constituirse en Tribunal de la Inquisición o instrumento para generar linchamientos políticos a ultranza o bien para inducir el arrodillamiento o la desarticulación de las fuerzas políticas locales.
Caso Estrada, Inzunza y Feliciano
El “Caso Estrada” detonó por la aprobación de las reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado y a la Ley de Seguridad Pública, modificaciones rechazadas por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, porque, dice, que no tiene recursos para resarcir el daño económico que generará al municipio los descuentos a las tarifas del agua; similar argumento esgrime con la Ley de Seguridad: el ayuntamiento carece de presupuesto para cubrir los montos de los adeudos de los policías y para homologar los salarios, las pensiones y las jubilaciones a los agentes municipales con la de la Policía Estatal.
Estrada Ferreiro se niega a aplicar las reformas a las leyes lo que provocó el inmediato “nacimiento” de colectivos sociales, alzados por los diputados morenistas Serapio Vargas y Pedro Alonso Villegas Lobo. Las organizaciones realizaron manifestaciones contra el alcalde y encauzaron “apresuradamente” dos demandas de juicio político buscando la destitución del presidente municipal.
Para intentar demostrar la inconstitucionalidad de las reformas a las Ley de Agua Potable y a la Ley de Seguridad, el alcalde Estrada Ferreiro pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el análisis jurídico de ambas leyes promoviendo dos demandas de controversia constitucional que “paralizan” de momento las querellas de juicio político de los colectivos sociales. La Corte tiene que determinar primero la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de las reformas para que el Congreso Local pueda desechar o darle cause a los juicios políticos.
Porque las demandas de juicio político carecen de “sustancia jurídica” o bien no se sostienen en una argumentación legal sólida que finque responsabilidades penales o administrativas graves que ameriten la destitución del alcalde, los colectivos recurrieron a demandar a Estrada Ferreiro por la vía penal ante la Fiscalía General de Justicia. O sea: que en la “velocidad” que les imprimieron a las demandas de juicio político se les olvidó encauzar primero querellas penales por delitos que ameriten el desafuero de Ferreiro.
Ahora, la Fiscal General Sara Bruna Quiñonez, interesada en “buscar los delitos” en las demandas penales, está en un dilema: darles curso a las querellas o bien darles “palo”. Antes de procesar las demandas, a los jubilados y pensionados y las viudas de policías y agentes jubilados, se les olvidó, otra vez, recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo) a reclamar ahí los descuentos al agua potable y los pagos a viudas de policías y la homologación de los salarios y pensiones de los agentes municipales con los de los Policías Estatales.
Sin sentencias firmes del Tribunal de Justicia Administrativa que obliguen al alcalde a cumplir con las reformas a las leyes y que especifiquen que el presidente municipal actúa fuera de la legalidad, las demandas penales no procederán porque violan el principio de definitividad. O sea que las demandas penales fueron interpuestas sin agotar todas las instancias administrativas y legales que justifiquen jurídicamente que sí, que en realidad, el presidente viola las reformas a la ley. Para sostener este aserto jurídico son necesarias las sentencias del TJA.
La obviedad: la intriga palaciega
Si bien el gobernador Rubén Rocha Moya busca sofocar los problemas para que no estallen en crisis, el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la JuCopo, y Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno, realizan jugadas, que por su obviedad y “transparencia”, son señalados en silencio por la clase política como «torpes» y empujan a los periodistas a ubicarlos como los hacedores de todo y a la vez nada, logrando cultivar el tufo desagradable de la desestabilización política.
Feliciano y Enrique Inzunza sobresalen en la jugada orquestada contra Jesús Estrada, quien no está exento de pecados políticos y de actos arbitrarios dada su proclividad a la agresión verbal con sus iguales o contrapartes políticas y a sus pleitos con periodistas. Acorralado, Estrada Ferreiro tira coletazos y direcciona sus ataques al Tercer Piso, mandando señales que lejos de ganarle simpatías provocan que la clase política lo deje solo y obligando a los comunicadores a que se definan.
Estrada coloniza la versión de su enemistad personal con Feliciano Castro y esgrime varias “razones”: que quiere instalar como alcalde de Culiacán a la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura -SEPyC-, Graciela Domínguez Nava, quien aspiró a la candidatura de Morena en el 2021, y que él, Estrada Ferreiro, es un estorbo para el proyecto del presidente de la JuCoPo que tiene entre sus planes convertirse en candidato al Senado de la República en el 2024.
El presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Gené René Bojórquez Ruiz, acusó al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, de ser el cerebro y artífice de la operación política mediante la cual tres diputados locales y dos alcaldes han traicionado al Partido Sinaloense. El funcionario dijo que “no se llama aludido” por el señalamiento y demandó la presentación de “pruebas”.
La respuesta contra el secretario general de Gobierno vino directa del consejero nacional de Morena, Emilio Ulloa Pérez, quien puntualizó que el Partido Sinaloense, como partido aliado y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, merece un aplauso por el apoyo real al proceso de revocación de mandato y sostuvo que “a los amigos se les apoya, se les ayuda, se les quiere, no se les bloquea, no se les compra”.
En el norte, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue alertado de una conspiración política fraguada contra su proyecto de gobierno municipal que dirige un “emisario” de Enrique Inzunza que fue favorecido con “las llaves” de una de la Vicefiscalías de Justicia del estado. En la dependencia se han filtrado personajes tétricos involucrados en escándalos de extorsión a transportistas.
Las calificaciones de gobernador
Rubén Rocha Moya es un magnífico gobernador que no merece que lo traicionen generándole líos políticos que erosionan su figura. El gobernador se ha forjado en medio de conflictos, en la vieja UAS donde pervivía la falta de respeto a la autoridad rectoral y el desmadre interno. Su trayectoria en la administración pública estatal y federal, lo describe como un mandatario emocional y sicológicamente preparado para enfrentar y solucionar todo tipo de problemas.
Para el grueso de la población, Rubén Rocha es un gobernador de resultados; las encuestadoras más prestigiadas lo ubican como uno de los mejores calificados en el país. En el mandatario se conjugan la estrategia, el aprendizaje, la experiencia acumulada, la intuición y la claridad para ver a través de la neblina. Posee la visión para superar momentos de confusión e incertidumbre. Esa capacidad intuitiva constituye el don intangible del estratega privilegiado.
El gobernador diseñó una meta y trazó el camino para alcanzarla, pero los “asesores” desvían la ruta original. Rocha Moya es dueño de la persistencia, la voluntad para vencer obstáculos y superar dificultades, la habilidad para rectificar equivocaciones, el don de gentes para ganar conciencias, amigos y respaldos. Es un magnífico gobernador forjado en la lucha social, magisterial y universitaria que no merece recibir “asesoría” de quienes creen que el mandatario no se percata de que es traicionado ni de lo que ocurre en su entorno.