ÁLVARO ARAGÓN AYALA
La distribución-asignación de las Vicefiscalías de Justicia con el tufo de negociaciones a traspatio, premios de consolación o bonos de gratificación a grupos de la abogacía a cambio de haber validado, con su participación, el proceso de elección de Sara Bruna Quiñonez Estrada como titular de la Fiscalía General de Justicia, enaniza la institución y pone a prueba el trazo del proyecto de procuración de justicia e investigación de delitos.
La lectura es idéntica a la enviada con la designación de titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Ricardo Yenni del Rincón, cuyo mérito fue no depurar ipso facto a Sara Bruna de la lista de los 22 aspirantes a la Fiscalía. En función de Coordinador General del CESP, Yenni sirvió de aval en el “protocolo” de elección de la Fiscal y de comparsa al exgobernador, Quirino Ordaz Coppel, para “inflar” los pobres resultados en el combate a la delincuencia.
La ratificación, también, de Marco Antonio Almanza Avilés al frente de la Policía Ministerial o de Investigación, cómplice del ex Fiscal Juan José Ríos Estavillo en el desmantelamiento de la corporación y del “aislamiento” de agentes de investigación, adhiere a Sara Bruna Quiñonez a las “viejos usos y costumbres” del modelo priista de la Fiscalía y de los órganos de investigación de delitos.
La Fiscal Sara Bruna Quiñonez nombró en la Vicefiscalía General a Dámaso Castro Zaavedra; en la Vicefiscalía zona Centro a Claudia Zulema Sánchez Kondo; en la Vicefiscalía zona sur a Jesús Arnoldo Serrano Castelo; y en la zona norte a Leonel Alfredo Valenzuela Gastélum.
En la Vicefiscalía Anticorrupción designó a Nereyda Avilés Aceves, y en la Vicefiscalía de Desaparición Forzada de Personas a José Luis Leyva Rochín.
Los agraciados con los nombramientos, unos participaron en la “democratización” de la elección de la Fiscal con el respaldo de grupos de litigantes; otros pertenecen a clanes de la abogacía que siempre han ejercido presión para mantener cotos de poder dentro de la institución. En el padrón de clientes “externos”, directos o triangulados de los nuevos Vicefiscales, sobresalen los dueños del dinero y los delincuentes de “cuello blanco”
Del diagnóstico de la repartición por zonas de la estructura de la Fiscalía se desprende que la Fiscalía tomó un sendero pendenciero al ceder a las presiones y pretensiones de la “abogacracia”, integrada por grupos de notables que se mueven a sus anchas usando las membresías de colegios, federaciones, barras y asociaciones de abogados.
La colocación de nuevos funcionarios en las áreas más sensibles de la Fiscalía General de Justicia, las cuales permanecieron durante 5 años sin dar resultados a la ciudadanía y que operaron solo como ínsulas de poder de Juan José Ríos Estavillo y del ex procurador Marco Antonio Higuera Gómez, coloca en aprietos y bajo riesgo de la «parálisis funcional» a Sara Bruna Quiñonez.
El empalme del viejo modelo de la Fiscalía priista, con el de la Fiscalía General de Justicia de la Cuarta Transformación, obliga al Congreso del Estado a trabajar de inmediato en la elección del nuevo titular del Órgano Interno de Control de la dependencia.
Sara Bruna Quiñonez requiere de un blindaje para preservarse en el cargo y vigilar y mantener bajo control a los Vicefiscales que obedecen a directrices externas. El cuerpo que la protegería sería el Órgano Interno de Control de la FGJ, responsable de investigar y recibir las denuncias por actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas y penales de las y los servidores públicos de la Fiscalía.
El Órgano de Interno de Control debe ser designado por el pleno del Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
En el evento de nombramientos de Vicefiscales con olor a premios de consolación, bonos de gratificación o negociaciones a traspatio, Sara Bruna Quiñonez declaró que ha dado instrucciones para acelerar el trabajo de las agencias de delitos de violencia familiar y homicidios dolosos y pidió agilizar la entrega de cadáveres pendientes para minimizar el tiempo de espera de los familiares.
La declaración de Fiscal General de Justicia se interpreta como si le estuviera pidiendo peras al olmo.