A fin de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del ‘plan B’” de reforma electoral; es decir, “antes de junio de 2023”, cita una investigación del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
A fin de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “deberá resolver a la brevedad sobre la constitucionalidad y validez del ‘plan B’” de reforma electoral; es decir, “antes de junio de 2023”, cita una investigación del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
“El llamado ‘plan B’ será la reforma electoral más impugnada en el poder Judicial, por la premura con la que fue aprobada por el Congreso, pero también por sus alcances y posibles repercusiones en el diseño institucional para organizar elecciones en el país”, resume la “nota estratégica” titulada “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral”.
Precisa que para “invalidar el ‘plan B’ se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido”, y que el Artículo 105 de la Constitución “prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que a partir de junio el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo.
“De acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la reforma electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre)”.
El documento detalla que, con corte al pasado 1 de febrero, se presentaron seis recursos que buscan invalidar el “plan B”, cuyo principal alegato es la comisión de “violaciones al proceso legislativo y afectaciones a la autonomía” del Instituto Nacional Electoral (INE).
Se agrega que “los medios de control constitucional procedentes son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional”.
Antecedentes
La investigación, que aborda “los antecedentes legislativos” de la enmienda electoral a la legislación secundaria, las posiciones en torno a la misma y “los escenarios y litigios que se vislumbran ante su implementación de cara al proceso electoral del 2024”, anticipa que “se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales que será retomado por el Congreso en febrero motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales”.
El segundo paquete de reformas que plantea la reestructuración y compactación del INE, cita, “aún debe ser discutido y aprobado por el Senado en su calidad de cámara revisora”, y que distintos “actores políticos y el INE han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad debido a que consideran que estas reformas debilitan a la autoridad electoral y ponen en riesgo la organización de los comicios de 2024”.
Rolando Ramos
Fuente: El Economista