La Segob dio a conocer que se había identificado que un mando del Ejército mexicano había ordenado detener y privar de la vida a seis de los 43 normalistas.
Aunque la nueva investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas apunta a la participación activa de militares en el delito, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) insiste en que es “inexistente” la información sobre el caso.
El Economista solicitó a la Sedena que entregara los reportes generados por la desaparición de los estudiante el 26 de septiembre del 2014, así como informara sobre si había investigaciones internas y sanciones en contra de elementos por la posible ejecución de algún delito por parte de sus elementos.
En un primer momento, el Estado Mayor de la Sedena respondió que era inexistente la información.
Tras interponer un recurso de revisión sobre la respuesta del Ejército, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió que la Sedena tenía que hacer una nueva búsqueda exhaustiva.
En el expediente RRA 8342/22, que derivó de la solicitud 330026422001245, la Defensa Nacional reportó que se solicitó a las direcciones generales de Justicia Militar; Derechos Humanos; Tribunal Superior Militar y a la Fiscalía General de Justicia Militar, realizar nuevas búsquedas en sus archivos.
Las cuatro áreas internas del Ejército mexicano respondieron que, o no cuentan con atribuciones para tener la información solicitada, o que no tenían alguna expresión documental que diera respuesta a lo solicitado.
Respuestas de cuarteles
La Sedena informó que también se solicitó a los Cuarteles Generales de la IX Región Militar (Cumbres de Llano Largo, Guerrero); 27/a Zona Militar (Pie de la Cuesta Guerrero) y 35/a Zona Militar (Chilpancingo, Guerrero), que buscaran en sus archivos.
Las instancias de la Secretaría de la Defensa Nacional indicaron que no contaban con información sobre sanciones o, apertura de investigaciones internas, sobre la actuación de militares durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, declara formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud”, indicó el Ejército en un documento fechado el pasado 24 de agosto.
En marzo pasado, cabe recordar, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su tercer informe sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 2014, detalló que el Ejército infiltró a los normalistas de Ayotzinapa desde el 2010.
En este informe también se detalló que la 35 Zona Militar —que declaró no tener datos sobre los normalistas en el RRA 8342/22— había generado informes al menos cuatro días antes de que se suscitara la desaparición de los estudiantes.
Informe de Gobernación
En agosto pasado, el subsecretario Alejandro Encinas, al presentar los hallazgos de la Comisión para la Verdad indicó que se había identificado que un mando del Ejército estaba relacionado con la detención y ejecución de seis de los 43 normalistas.
La semana pasada, se informó de la detención y posterior prisión oficiosa dictada al general José Rodríguez Pérez, acusado de delincuencia organizada, y quien comandaba el 27 Batallón durante la desaparición de los estudiantes.
Además del proceso contra el capitán José Martínez Crespo y el cabo Eduardo Mota Esquivel por este delito y desaparición forzada.
El fin de semana que pasó, el diario español El País dio a conocer que la Fiscalía General de la República había retirado al menos 21 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de involucrados en el caso, que había pedido en agosto pasado.
Entre la peticiones canceladas se encuentran casos de exfuncionarios como un exfiscal de justicia del estado, militares y exservidores del poder Judicial de Guerrero.
Héctor Molina
hector.molina@eleconomista.mx
Fuente: El Economista