Washington. Los republicanos en el Senado estadunidense partieron al receso en conmemoración por el Día de los Caídos sin aprobar un proyecto de 70 mil millones de dólares para financiar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza, que el presidente Donald Trump les ordenó votar antes del 1º de junio, fecha en que regresarán a sus actividades en Washington.
Los demócratas han bloqueado durante meses el financiamiento al ICE y a la Patrulla Fronteriza en protesta por la ofensiva del gobierno federal en materia de control migratorio; exigieron cambios de actitud en las agencias de seguridad involucradas, pero las negociaciones con la Casa Blanca no han prosperado.
Cuando los periodistas le preguntaron ayer a Trump si estaba perdiendo el control del Senado, el republicano respondió: “de verdad que no lo sé. Puedo decirles: yo sólo hago lo que está bien”.
Antes de partir, los senadores republicanos habían renunciado ya a parte del proyecto de ley que preveía mil millones de dólares para la seguridad del complejo de la Casa Blanca y del salón de baile de Trump, ante las críticas de miembros de su propio partido.
Luego, se estancaron en discusiones sobre si apoyar o bloquear un nuevo fondo de mil 776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente que participaron en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, y argumentan haber sido perseguidos políticamente, en función de un polémico acuerdo anunciado esta semana por el Departamento de Justicia (DOJ).
En tanto, la dependencia anunció la incorporación del mayor grupo de nuevos juzgadores de migración en su historia, mientras el gobierno se dispone a reponer el sistema de tribunales de migración con personas a las que denomina “jueces de deportación”.
Esta semana, 77 nuevos jueces de inmigración permanentes y cinco temporales prestaron juramento, lo que eleva el total actual a casi 700, después de que el gobierno despidiera a más de 100.
“Hoy incorporamos al mayor grupo de jueces de inmigración de la historia de la agencia”, declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado.
Los jueces de inmigración no forman parte del Poder Judicial federal, sino que pertenecen a la oficina ejecutiva de revisión de inmigración del Departamento de Justicia.
Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, con su agenda de inmigración de línea dura, su gobierno ha despedido al menos a 115 jueces de inmigración y un número similar ha aceptado indemnizaciones por baja, ha dimitido o se ha jubilado.
Al mismo tiempo, se ha apresurado a sustituirlos, a menudo con nuevas contrataciones con experiencia en la fiscalía penal o en la aplicación de la ley de inmigración.
El Departamento de Justicia afirmó que en total su oficina de revisión de inmigración ha contratado a 153 jueces permanentes en el año fiscal 2026, que comenzó el 1º de octubre, la cifra más alta jamás registrada en un solo año.
Asimismo, el DOJ consideró que reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración es una de sus principales prioridades.
Afirmó que el número de procesos pendientes en los tribunales de inmigración ha disminuido de 4 millones a menos de 3.53 millones desde que Trump asumió el cargo.
Ap y Reuters
Fuente: La Jornada