*En una jornada de trabajo en la CDMX, la Secretaria María Inés Pérez Corral se reunió en privado con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, donde se tocaron los temas del trabajo con desplazados, pero también con grupos indígenas y jornaleros agrícolas.
*El equipo de SEBIDES participó en el taller sobre los principios rectores de los desplazamientos internos y su influencia en México que se organizó con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la publicación de los mismos, donde Sinaloa presentó el plan piloto para el retorno de víctimas de desplazamiento forzado interno que es único en el país.
Ciudad de México, CDMX. – El plan piloto para el retorno de víctimas de desplazamiento forzado interno es una primicia para el país, no solo para Sinaloa por que hasta el momento no se ha aplicado nada similar en México afirmó la Secretaria María Inés Pérez Corral.
Durante una jornada de trabajo en la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable se reunió en privado con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, donde se tocaron los temas del trabajo con desplazados, pero también con grupos indígenas y jornaleros agrícolas.
“Le informamos que vamos a aplicar el nuevo plan de retorno, que se aplica por primera vez en México, plan de retorno a víctimas de desplazamiento forzado interno, va a ser en Tepuche, lo va a inaugurar por instrucción del Gobernador, nosotros ya estuvimos trabajando con cada una de las poblaciones que retornan y ya tenemos las necesidades”, comentó.
Durante una gira de trabajo donde se reunió, acompañada de la subsecretaria de Bienestar, Sthefany Rea Reátiga, con diferentes autoridades de la Secretaría de Gobernación Federal, quedó claro que lo aplicado en el Estado de Sinaloa va por buen camino, pero le falta mucho que recorrer.
Una vez terminada esa reunión el equipo se trasladó al Taller sobre los principios rectores de los desplazamientos internos y su influencia en México, organizado por la Unidad de Políticas Migratorias de la misma SEGOB así como por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, donde, en el marco del 25 aniversario de la publicación de estos principios rectores, se presentó este plan como una política que se aplica en Sinaloa, lo cual fue tomado como una experiencia única, ya que ninguno de los otros estados lo ha realizado antes.
En este mismo taller, y ante representantes de todos los estados del país se intercambiaron experiencias vividas en sus zonas para apoyar a los desplazados y donde quedo plasmado que Sinaloa va a la vanguardia, no solo en la aplicación de unas de las primeras leyes estatales en la materia, sino también con los planes de retorno voluntario así como de reubicación de los afectados que así lo decidan.
Durante este intercambio de ideas y experiencias fue la titular de SEBIDES la encargada de leer la declaración del Gobierno de México sobre este tema, donde destacan que los tres órdenes de gobierno trabajan para sensibilizar sobre la ocurrencia del fenómeno y para fortalecer nuestras capacidades en los ámbitos de competencia que tenemos con la prevención, la asistencia humanitaria y la atención para el logro de soluciones duraderas y sostenibles de las personas afectadas en México.
El plan piloto para el retorno de víctimas de desplazamiento forzado interno se iniciará el próximo miércoles con un trabajo interinstitucional encabezado por el Gobernador Rubén Rocha Moya y con el acompañamiento de representantes de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas que pertenece a la Secretaría de Gobernación Federal, de ACNUR, la Agencia de la ONU para refugiados así como autoridades municipales.
Este plan piloto se lleva acabo después de escuchar las necesidades de los pobladores, donde pidieron ayudar no solo con menaje de casa y adecuaciones para retomar sus vidas, sino también condiciones de seguridad publica, trabajo, salud, educación para sus hijos e incluso transporte publico.
Con ellos se busca respetar el derecho que tiene todo ciudadano a tener las condiciones adecuadas para vivir donde ellos decidan, apoyando así a alrededor de 70 familias a que cumplan su voluntad de retornar a su lugar de origen.