El OIEA y las autoridades brasileñas mantienen una discusión sobre el uso de uranio debido a preocupaciones sobre proliferación atómica. También hay atención sobre la posible compra de aviones no tripulados Shaed y el plan de construir un laboratorio de bioseguridad.
Nuevas tecnologías como submarinos nucleares, drones kamikazes e incluso laboratorios de alta seguridad BSL4 ponen ahora a Brasil en el radar de las instituciones internacionales que velan por su buen uso.
En el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), órgano de la ONU que supervisa el uso de la energía nuclear en el mundo, existe preocupación por el comportamiento de Brasil.
En particular, el impasse es sobre el Programa Brasileño de Desarrollo de Submarinos (Prosub) que el país inició en 2008, durante el segundo mandato de Lula, a través de una cooperación tecnológica con Francia.
El programa prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales diesel-eléctricos de la clase Scorpène producidos con tecnología francesa y un submarino de propulsión nuclear que debería estar listo en 2029. Este último, cuyo proyecto está en marcha desde 1978, es ahora objeto de una acalorada discusión entre el OIEA y las autoridades brasileñas en relación con el reactor nuclear para producir su combustible, es decir, uranio.
La hélice de un submarino Scorpene en la planta industrial de la empresa de defensa naval y constructora de barcos DCNS en La Montagne, cerca de Nantes, Francia (REUTERS/Stephane Mahe)
Lo preocupante es que no será Francia quien proporcione la tecnología a Brasil, que en su lugar ha creado una empresa estatal, la Nuclep.
El primer reactor atómico diseñado y construido en Brasil se está montando en el Centro Industrial Nuclear de Aramar, en Iperó, en el interior de San Pablo. El edificio que albergará los equipos – el llamado Bloque 40 – ya está listo y se espera que el reactor entre en funcionamiento en 2027.
Actualmente en el mundo, los países con submarinos nucleares son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China e India. Brasil quiere sumarse a la lista, según su Marina, para defender su territorio marítimo, apodado la “Amazonia Azul”, que abarca unos 3,6 millones de kilómetros cuadrados.
En junio de 2022, las autoridades brasileñas solicitaron oficialmente al OIEA el permiso para utilizar uranio enriquecido. Y aquí empezaron los problemas. Aunque Brasil no posee armas nucleares, es miembro del OIEA desde su creación en 1957 y también es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1970. Sin embargo, se ha negado a adherirse a los Protocolos Adicionales de 1997 que permiten controles más precisos y exhaustivos, firmados por 137 países y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom.
“La ausencia de un Protocolo Adicional debe considerarse incompatible con que Brasil tenga un programa militar”, afirma Ian Stewart, experto británico en submarinos nucleares del James Martin Center (EEUU), en un texto publicado en el Bulletin of Atomic Scientists.
Con este submarino, Brasil se convertiría de hecho en el primer país del mundo que, sin ser una potencia nuclear, tiene un submarino militar propulsado por energía atómica mediante tecnología enteramente brasileña.
La diferencia con el caso de Australia, a menudo citado en la discusión, es que Australia se está equipando con un submarino nuclear sin ser una potencia nuclear, pero su submarino funciona con una tecnología enteramente francesa, ya bajo control del OIEA.
Preocupación por la proliferación nuclear
La particular situación de total autonomía de Brasil ha llevado el OIEA a solicitar a las autoridades brasileñas inspecciones equiparables a las que realiza en los países con armamento nuclear para evitar los riesgos de proliferación, que son de dos tipos. La proliferación horizontal es la propagación de armas nucleares a países que aún no las poseen, y la proliferación vertical que es el desarrollo de armas nucleares más sofisticadas por parte de países que ya las poseen.
Brasil, sin embargo, se niega a revelar al OIEA los datos de la “capacidad operativa” del submarino. Si quiere evitar las sanciones, se verá obligado a negociar junto con Argentina, ya que ambos países son miembros desde 1991 de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC), que garantiza que el material atómico de los dos países no se utilice para construir armas nucleares.
Una bandera con el logotipo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ondea frente a la sede del OIEA, en Viena (REUTERS/Lisi Niesner)
“Existe preocupación por la proliferación nuclear para la seguridad”, declaró al diario Estado de São Paulo el almirante Petronio Augusto Siqueira de Aguiar, de la Dirección General de Desarrollo Nuclear y Tecnológico (DGDNTM) de la Marina. Desde 1988, la Marina opera el ciclo completo de enriquecimiento de uranio en pequeñas cantidades. Con el submarino de propulsión nuclear, sin embargo, será necesario aumentarlo. “Será en mayor escala y la seguridad nuclear tendrá que aumentar, para evitar la proliferación de material nuclear”, dijo Siqueira de Aguiar.
Incógnitas sobre el origen del combustible
El problema es que Brasil tiene dificultades para certificar el origen del combustible que pretende utilizar. El país domina el ciclo de enriquecimiento del uranio, pero no realiza en Brasil todo el proceso. Ya el año pasado, el gobierno de Bolsonaro había recurrido a un proveedor polémico: Rusia. Incluso el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su encuentro con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Brasilia el pasado abril, reavivó el interés de Brasil por la energía nuclear rusa. Rosatom, la empresa atómica estatal rusa, controla o ha proyectado cerca de una quinta parte de los 435 reactores activos del mundo, emplea a casi 270.000 personas, controla el 14% del mercado del combustible, el 28% del enriquecimiento y el 75% de las tecnologías asociadas. Paradójicamente, Rosatom no ha sido objeto de sanciones desde el estallido de la guerra en Ucrania.
Pero en un momento histórico en el que se ha vuelto a una Guerra Fría versión 2.0 que tiene a América Latina en su epicentro, no se puede descartar el riesgo de que otros actores como Irán puedan estar interesados en meterle mano al poder nuclear de Brasil.
Paradójicamente, en una entrevista publicada el sábado por el diario Folha de Sao Paulo, Ali Bagheri Kani, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán y principal negociador del acuerdo nuclear, citó el intento de Lula en 2010, junto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, de conseguir que Teherán firmara un acuerdo nuclear, lo que disgustó al presidente estadounidense Barack Obama. Sin embargo, según Bagheri Kani, “Brasil no fracasó en aquella ocasión, porque su iniciativa fue un paso hacia la solución de un problema. Fueron los estadounidenses quienes se echaron atrás y no pusieron en práctica las promesas hechas a Brasil”.
Ali Bagheri Kani, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán y principal negociador del acuerdo nuclear (REUTERS/Lisa Leutner)
El eje multipolar compuesto por Irán, Rusia y China es más fuerte que nunca en América Latina gracias también a las alianzas con Venezuela y Cuba. Según la bloguera y activista cubana Yoani Sánchez, Lula y el ex presidente de Uruguay, José Mujica, viajarán a la isla a finales de año para “promover una mayor apertura y ofrecer apoyo local e internacional”. El asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, acaba de regresar de una reunión en La Habana con el presidente Miguel Díaz-Canel porque Brasil, dijo, “quiere construir una relación ejemplar con Cuba”.
Drones kamikaze iraníes
También se mantiene la alerta sobre la posible compra de drones kamikazes iraníes, como ya ha hecho la vecina Bolivia. La Comisión del Ejército Brasileño en Washington (CEBW) emitió la semana pasada el pedido de información 0144/2023 para recibir cotizaciones de fabricantes. Los países que producen este tipo de drones (”loitering munition” en inglés) además de Irán, son Rusia, China, Israel y Estados Unidos.
Los drones se llaman kamikaze porque no regresan a la base después del ataque y se estrellan contra el suelo una vez que alcanzan el objetivo. Los drones kamikazes iraníes, que se hicieron famosos recientemente porque fueron utilizados por Rusia para atacar Ucrania, son los Shahed 136.
Un dron Shahed-136 de fabricación iraní durante un ataque ruso contra Kiev (REUTERS/Roman Petushkov)
Tienen un bajo coste, unos 20.000 dólares cada uno, evaden los radares, pueden operar hasta una distancia de casi 2.500 kilómetros, vuelan sólo hacia un destino preprogramado y no pueden ser pilotados mientras están en el aire. En abril, una investigación del Conflict Armament Research (CAR), organización con sede en el Reino Unido que investiga componentes de armamento, reveló que la tecnología del dron Shahed 136 se basa en tecnología alemana adquirida ilegalmente. El CAR también confirmó que el motor del dron kamikaze fue modificado por una empresa iraní sometida a sanciones por parte del Reino Unido, Estados Unidos y la UE.
Sea cual sea el fabricante que elija, el ejército brasileño pretende utilizar drones kamikaze para controlar las fronteras y destruir pistas de aterrizaje clandestinas en lugares de la Amazonia donde hay minería ilegal.
Primer laboratorio de máxima bioseguridad BSL4
Por último, el Brasil de Lula acaba de anunciar que su nuevo Programa de Aceleración y Crecimiento (PAC) pretende construir un laboratorio de máxima bioseguridad BSL4 por primera vez en la historia del país.
Los BSL4 son laboratorios de investigación muy sofisticados que estudian patógenos que podrían causar epidemias o pandemias. Incluso el de Wuhan (China), del que se cree que procedió el virus COVID, es un BSL4. Actualmente en todo el mundo hay 51 laboratorios de este tipo en funcionamiento, 3 en construcción y 15 en proyecto, repartidos entre 27 países, la mayoría en Europa, pero no en América Latina.
Instalaciones BSL-4 a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Spiez, Suiza. (Andrea Campiche/Spiez Laboratory via REUTERS)
Una investigación reciente del King’s College de Londres afirma que el número de estos laboratorios aumenta cuando el riesgo de ataques bioterroristas o de pandemias es mayor. La noticia en sí misma no debería ser alarmante porque el estudio y la prevención siempre son buenos, pero el hecho de que esto ocurra sin un refuerzo general de la supervisión de la gestión del riesgo biológico y en países con bajas puntuaciones en términos de gobernanza y estabilidad, para los expertos es motivo de preocupación. La investigación británica da a Brasil una baja puntuación de 9 en cuanto a condiciones de bioseguridad (Francia y Estados Unidos tienen 18).
El gobierno de Lula pretende destinar 1.000 millones de reales, unos 201 millones de dólares, a la construcción de ese laboratorio BSL4, rebautizado Proyecto Orión. Las obras ya han comenzado en el Centro Nacional de Investigaciones Energéticas y Materiales (CNPEM) de Campinas y se prevé que concluyan en 2026. El proyecto incluye también la formación de científicos brasileños capaces de dirigir laboratorios de este tipo. Aunque nunca ha ganado ningún Premio Nobel, Brasil es, sin embargo, un país a la vanguardia en la gestión de virus y enfermedades, especialmente tropicales. Pero esto no basta para garantizar la seguridad del lugar. En julio, el robo de dos fuentes del del isótopo radiactivo Cesio 137, sustraídas a una empresa minera del estado de Minas Gerais, causó mucha preocupación hasta cuando policía de San Pablo las encontró, unos días después.
Maria Zuppello
Fuente: Infobae