Taddei dio por adjudicación directa 96% de 13 mil 300 contratos

Durante los últimos dos años, bajo la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), este órgano asignó por adjudicación directa 96 por ciento de los más de 13 mil 300 contratos que firmó para servicios, arrendamiento o adquisiciones. El monto de este tipo de contrataciones supera 2 mil 829.7 millones de pesos.

Entre las empresas más favorecidas en el periodo que va de enero de 2025 a septiembre de 2026, se encuentran compañías que lo mismo fueron contratadas para servicios de seguridad y vigilancia que para labores de limpieza.

De acuerdo con los contratos difundidos por el órgano comicial a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, también hay una decena de personas físicas que han gozado de millonarios contratos, algunos de los cuales también fueron para limpieza y para labores de seguridad, mismos que se concretaron a través de distintas áreas del órgano, así como de las juntas locales y distritales.

Por ejemplo, Arzaa Protección y Vigilancia Especializada, que recibió al menos 221 convenios, fue contratada en enero pasado para el “Servicio de vigilancia de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato”, pero en abril, esa junta distrital recurrió a la misma compañía para el “Servicio de limpieza en las instalaciones del inmueble del módulo de atención ciudadana fijo” de La Joyita, en el municipio de Silao.

En el caso de Jurídicos Integrales FBP, con el que el INE firmó por lo menos 96 contratos que se elevan a 54.13 millones de pesos, se le encomendó la vigilancia de decenas de oficinas distritales. Uno de esos convenios se firmó en abril de 2025 por 15 millones 245 mil pesos, para servicio de vigilancia intramuros en 40 sedes de las juntas distritales ejecutivas en el estado de México.

Con Vigilancia y Protección a la Sociedad firmó contratos por poco más de 43 millones de pesos; con Seguridad Privada Guns 8A, 22.8 millones, y con Protección y Logística Empresarial VYMSA, 12.2 millones de pesos.

Adicionalmente, una decena de personas físicas recibieron contratos millonarios en el mismo periodo. La lista es encabezada por Ana María Juárez Hernández, quien recibió convenios que suman al menos 49.5 millones de pesos por medio de 60 contratos como persona física y dos más bajo la denominación Seguridad Privada Cabiexm, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y que presentó en su documentación el mismo registro federal de contribuyente.

Juárez Hernández es esposa del empresario Mario Guitian Rosas, quien se ha visto inmerso en señalamientos de presunta extorsión, entre otros delitos, mismos que rechazó en abril pasado en una conferencia de prensa en Tamaulipas. Una de las denuncias la hizo desde 2024 Gabriel Hernández, también empresario y activista del Colectivo 10 de Marzo. En julio del año pasado, este último fue localizado sin vida, víctima de múltiples impactos de bala.

En tanto, otras personas físicas que han recibido cuantiosos contratos del INE son Francisco Javier Hernández Palacios, con 23.6 millones; Sandra Angélica Guasti Martínez, con 6.7 millones; Beatriz Eugenia Camacho Quiroz, con 4.6; Omar Ramos Bandala, con 4.7, Carlos Enrique de Jesús Cuate, con 2.5, y Ramiro Peña Monroy con 2 millones de pesos.

Como parte de los contratos firmados por el órgano electoral en los últimos dos años también hay con firmas de telecomunicaciones, de software y tecnologías e inmobiliarias.

El más alto fue con la empresa AMPS para la Integración y Articulación, encargada de la colocación de las polémicas cámaras de videovigilancia con micrófonos, instaladas al inicio de este año en la sala de prensa del INE y dentro de las oficinas, algunas de las cuales fueron retiradas durante la semana pasada.

Néstor Jiménez

Fuente: La Jornada