Talleres Gráficos de México (TGM) ha incurrido en subcontrataciones indebidas, advirtió el consejero Arturo Manuel Chávez López, quien antes de llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), el 3 de abril pasado, dirigió seis meses esa empresa pública.
Durante ese lapso se percató de que su antecesora, Maribel Aguilera Cháirez, clasificó como “capacidad ampliada” lo que en realidad fueron mecanismos de subcontratación irregular de empresas para la producción de materiales y documentos electorales.
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan para fortalecer a TGM y combatir así a los intermediarios o coyotes de la producción de material comicial, para que sea el Estado el que produzca la mayor parte del material y boletas, no sólo para el INE, sino también para los organismos electorales locales.
Este decreto se presentaría la próxima semana e incluiría la formación de un consejo de administración en el que participen, entre otros, académicos especializados.
–¿Le solicitaron su opinión para ese plan de fortalecimiento de TGM? –se le preguntó al consejero Chávez López.
–No, no me pidieron mi opinión, pero yo la di en una entrevista (donde habló de que antes de modificar su estructura y administración, TGM debía ser saneado, ante las presuntas irregularidades documentadas no sólo por él en su corto paso por ese organismo público, sino también por la Auditoría Superior de la Federación).
–¿En los seis meses que dirigió TGM identificó subcontrataciones?
–Salió un comunicado de la ex directora (Aguilera), con quien no estoy de acuerdo, porque ella hablaba de “capacidad ampliada”, y en realidad es subcontratación.
–¿Qué subcontrató?
–Impresión de materiales. TGM sólo tiene unas instalaciones, no dos ni tres. Esas que ella llamaba “plantas 2 y 3” eran de empresas privadas, circunstancia que desde mi punto de vista no estaba dentro de la norma, pero para ella, sí.
Además del criterio del consejero Chávez, las presuntas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus últimos reportes producto de la revisión de las cuentas públicas 2024 y 2025. Es decir, aspectos anómalos durante la fabricación materiales para las elecciones federal y judicial.
Por ejemplo, en la auditoría 426, de la cuenta pública 2024, la ASF señala que TGM adjudicó directamente a Gráficas Corona varios servicios para ampliar su capacidad de producción en el proceso electoral 2023-2024. El informe señala que no se demostró que al adjudicar los servicios, el proveedor tuviera algún contrato vigente con TGM u otra dependencia previamente adjudicado mediante licitación pública.
Fabiola Martínez
Fuente: La Jornada