Revisan 28 programas en 8 estados del país, confirmándose que ninguno cumplió ni siquiera el 50% de los requisitos solicitados para garantizar el manejo eficiente de recursos y de transparencia.
La corrupción en México no se limita a los casos de abuso de poder de funcionarios que incurren en enriquecimiento ilícito.
Diputados federales aseguraron que este problema también se manifiesta en programas sociales que operan sin reglas ni requisitos; obras que se asignan de manera opaca, y cuando el clima de impunidad permite actuar al margen de la ley y los delitos no se castigan.
“Los programas sociales deben estar diseñados para ser transparentes eficientes y blindarse contra la corrupción”, señaló la vicecoordinadora de la bancada del PRI, Blanca Alcalá.
Reveló la exalcaldesa de Puebla que, en un estudio reciente se analizaron 28 programas emergentes durante la pandemia en 8 estados del país, confirmándose que ninguno cumplió ni siquiera el 50% de los requisitos requeridos para garantizar el manejo eficiente de los recursos y con transparencia.
Esos requisitos se refieren a la información sobre la distribución de los recursos, la convocatoria pública para su entrega, el comité de vigilancia para quejas y denuncias, la auditoría financiera y la evaluación del desarrollo de los programas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
—Diputada Lidia Pérez, ¿qué es el anexo Transversal Anticorrupción?
—Es el documento que integra los ingresos públicos de diversas dependencias que son destinados a combatir la corrupción.
Permite identificar, dar seguimiento y transparentar los recursos dedicados a combatir la corrupción.
Según la diputada morenista es el punto de partida para intervenciones públicas, coordinadas, efectivas y orientadas a resultados, además, pone al alcance de la ciudadanía, a los responsables los montos de los recursos públicos destinados a la prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción.
Para el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Benjamín Robles Montoya, la corrupción viola los derechos humanos, “porque impide que las y los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y fomenta la idea que sólo quien posee poder, y además dinero, puede acceder al bienestar”.
Definió el petista que, igualmente, es un padecimiento que desgasta a las instituciones, provocando mala calidad de servicios, imposibilidad de ejercer otros derechos y aumenta la impunidad.
Se trata de un fenómeno que, a decir del diputado Alberto Batun Chulim (Morena), este problema de connotaciones políticas y sociales tiene en México diversas expresiones, siendo las más comunes el soborno, el nepotismo, la extorsión, fraude, evasión de impuestos, tráfico de influencias y cohecho.
“También lo son el favoritismo, el lavado de dinero, traspaso al sector privado, uso indebido de la información, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito y los moches”, enumeró.
Para el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, 80% de las tentaciones de actos vinculados con la corrupción están relacionados con adquisiciones y la obra pública.
“Eso defrauda a la población, que pierde la confianza, perdemos las propias instituciones; y hoy lo que necesitamos es una ciudadanía actuante, que tenga capacidad de denuncia, de exigencia y sobre todo que espere de todas sus autoridades legalidad, orden y resultados, con transparencia y rendición de cuentas”, enumeró el ex director del Conacyt.
Información
La diputada Amalia García Medina (Movimiento Ciudadano) expuso que la corrupción se expresa cuando se ofrece dinero para facilitar un trámite, se evita un castigo, se compran insumos con recursos públicos a un precio excesivo y hasta en el uso de información privilegiada para ganar alguna licitación en el gobierno.
“La impunidad es el ambiente propicio para la corrupción, la seguridad de que no habrá consecuencia alguna por los actos de corrupción, genera impunidad, que implica la inexistencia de responsabilidad legal”, expuso la exgobernadora de Zacatecas.
Recordó la diputada García Medina que, según el Inegi, las y los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
En este reciente ejercicio en el que los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción reflexionaron sobre los alcances de este problema en México, Patricia Terrazas Baca (PAN), sostuvo que “la corrupción persiste en México por las prácticas políticas y clientelistas; el deterioro del concepto de legalidad y autoridad; y la debilidad en los sistemas democráticos”.
Consideró la legisladora panista que también se debe a la fragilidad de las dependencias públicas; la discrecionalidad de los servidores públicos; la desorganización de procedimientos y a la sobrecarga e ineficiencia en el cumplimiento de las leyes.
Al responder a esa misma interrogante, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (Morena), expuso que existen causas culturales como “la percepción por parte de las y los servidores públicos acerca de su cargo que creen que éste les permite u obliga a acceder o usar privilegios que el resto de la población no puede”.
Señaló el morenista que esa conducta es una manifestación de la pérdida de valores al asumir un cargo, “poco o nula preparación para el cargo y falta de rendición de cuentas”.
Frente a esa realidad, la diputada María Elena Pérez (PAN) consideró que “la corrupción debe combatirse desde todos sus frentes y en todas las instancias gubernamentales, ya que es un problema estructural, que a lo largo de las décadas ha ido dañando los cimientos del Estado y hoy continúa haciéndolo”.
Por eso la importancia de fortalecer la autonomía y el profesionalismo de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción: Auditoría Superior de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Secretaría de la Función Pública; Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales.
Es por ello que, plantea la también excomisionada del Inai, para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, es indispensable que se garantice la efectividad de los procedimientos en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la verificación de la honestidad de los servidores públicos.
IVONNE MELGAR
Fuente: Excelsior