Un juez federal de Nueva York ordenó este miércoles a la administración de Donald Trump entregar al tribunal, para su revisión confidencial, un memorando del Departamento de Justicia que sustente la legalidad de los ataques contra embarcaciones que el Pentágono señala como vinculadas al narcotráfico sin pruebas, y le dio un plazo de dos semanas para presentarlo, informó The New York Times.
El magistrado Paul A. Engelmayer del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York rechazó dos argumentos con los que la administración buscaba mantener el documento bajo reserva, indicó en una opinión de 66 páginas, representa un avance para grupos que demandaron al gobierno mediante la Ley de Libertad de Información para conocer el fundamento jurídico de la política, aunque no implica que el memorando vaya a hacerse público de inmediato.
El otro documento, de más de 40 páginas y aún clasificado, es analizado por el magistrado, quien duda que deba permanecer reservado bajo el privilegio de confidencialidad presidencial y ordenó al gobierno identificar a quienes tuvieron acceso al documento desde su conclusión, en septiembre de 2025.
Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha realizado al menos 70 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, en los que han asesinado más de 230 personas. La administración sostiene que puede emplear fuerza letal contra naves sospechosas de transportar drogas, en lugar de recurrir a procedimientos de intercepción policial, aunque muchos organismos las califican como “ejecuciones extrajudiciales”.
El gobierno de Trump fundamenta esa postura en la declaración presidencial de que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado formal con una lista secreta de cárteles del narcotráfico, sin autorización del Congreso, a lo que también, especialistas en las normas que regulan el uso de la fuerza letal cuestionaron esa interpretación y sostienen que las personas dedicadas al narcotráfico no pierden por ese hecho la protección que corresponde a los civiles.
La controversia forma parte de una demanda presentada en diciembre por organizaciones como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales. El juez Engelmayer señaló que funcionarios del gobierno citaron públicamente el memorando como fundamento de la política de ataques, lo que, a su juicio, limita los argumentos para mantenerlo en secreto.
Fuente: La Jornada