¿Su temor? Perder la elección presidencial y tener que enfrentar el juicio de la historia sobre su gestión de seis años.
Un furibundo AMLO reveló su proyecto político sin tapujos: demoler al Estado para tener todo el poder. El Presidente quiere reinar a un país donde los ciudadanos sean súbditos rendidos ante sus pies, acallados y sumisos. Ese es el “estado ideal de país” al que aspira. No quiere rendirle cuentas a nadie y siente la fuerza de las armas cubriéndose las espaldas. No aspira a regresar al viejo PRI. Quiere regresar al siglo 19.
La afectación de COVID lo radicalizó. ¿O será que se percató de la fragilidad de su proyecto político y de la inoperancia y carencias de legitimidad de sus supuestos sustitutos? Porque en su ausencia ninguno de sus corcholatas aparecieron como relevos funcionales y creíbles para dar eficaz continuidad a lo que considera es su “obra histórica”.
La instrucción a sus súbditos-morenistas es acelerar y profundizar la demolición del Estado mexicano. Que únicamente queden funcionales las Fuerzas Armadas, Hacienda, programas sociales y él. Es decir “el estado ideal de las cosas”. Su opinión, aparentemente, es que el resto de los órganos de gobierno salen sobrando.
Los otros Poderes del Estado le son funcionales en la medida en que le obedecen. Cuando dejan de seguir sus instrucciones, es señal de que deben desaparecer. Lanza sus huestes a bloquear las puertas de acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque ese Poder del Estado se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no por los deseos personales del Presidente de la República. Los Ministros de la Corte cometen el pecado capital de no aceptar subordinación a ningún otro poder y defienden su independencia como valor supremo.
La indicación de AMLO a los legisladores es demoler institución tras institución del Estado, dejando fuera de la red de protección social a millones de familias mexicanas que padecen distintas desventajas existenciales. Discapacitados en general son arrojados a la calle, al igual que niñas y niños de las instancias que los protegían de agresiones del entorno, especialmente de la agresión sexual. Es como si el Estado mexicano protegiera a los pedófilos deliberadamente.
Al mismo tiempo fortalece a las Fuerzas Armadas, como acto para consolidar la crecientemente perversa relación política y de complicidad entre la Presidencia y el alto mando castrense, especialmente con el Ejército. Es una relación que ha rebasado los límites establecidos en la Constitución sobre el equilibrio entre los poderes civil y militar, y de la subordinación de este último a aquel. Ya no es clara la relación entre ambos, y mucho menos es claro quién manda a quién en el curso de las decisiones sobre políticas públicas que van aconteciendo, como la masiva adjudicación de presupuesto público a las Fuerzas Armadas sin la obligación de rendir cuentas.
Este gobierno ha pervertido, además, el concepto de seguridad nacional en materia de obras, actividades y presupuestos para convertir a las Fuerzas Armadas en un Estado paralelo y secreto, apartado legalmente de lo que se conoce como el Estado mexicano, según la Constitución. Ilegalmente espía con Pegasus a la sociedad en general.
De hecho, el esfuerzo de AMLO por demoler al Estado pasa por ignorar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pretendiendo convertirla en letra muerta. Y los legisladores morenistas, junto con las igualmente sonrientes corcholatas, van directamente a la guillotina nacional, investidos de una ignorancia que creen les otorga una inexistente superioridad moral.
La instrucción pública de destruir al INAI refleja una desesperación por borrar las huellas de la corrupción de este gobierno. La eliminación de instituciones y órganos tiene un doble propósito. Por un lado, el Presidente “expropia” esos fondos públicos para su uso y disposición en función de sus prioridades políticas o personales. Pero, por otro lado, se justifica su desaparición con el argumento de la corrupción. Al mismo tiempo, todo el operativo de desaparecer instituciones es para encubrir actos de corrupción realizados durante su gestión.
AMLO dice que combate la corrupción, realizando actos administrativos que lo que hacen es encubrir la corrupción de su gestión. El caso emblemático es la desaparición de un plumazo al INSABI, enterrando gigantescas fortunas en la oscuridad para que no se pueda rastrear ni su origen ni su destino.
El “operativo demolición” de esta semana, realizado por Morena para ocultar corrupción y simultáneamente fortalecer la simbiosis cívico-militar, siguiendo las instrucciones del Presidente, busca enterrar toda huella de la corrupción sistemática del gobierno morenista, y para esconder la pistola humeante como prueba, al mismo tiempo que agranda el papel de las Fuerzas Armadas como garante del apoyo a AMLO, venga lo que venga.
El siguiente paso es reducir la oposición a la mínima expresión, incluso liquidarla, si fuera posible. Las elecciones libres y democráticas plantean un grave riesgo para el proyecto política de AMLO. Existe la posibilidad de perder las elecciones presidenciales en 2024, y lo sabe. Esa derrota, de darse, lo expondría a él, miembros de su gobierno, a militares a alto rango y algunos empresarios a acusaciones de corrupción en una masiva escala. Obviamente quiere evitar ese escenario. Para ello, está ensayando varias alternativas.
En primer lugar, quiere liquidar a la oposición. El ensayo que se realiza en la Ciudad de México, con Sheinbaum a la cabeza, de encarcelar a dirigentes de la oposición, es para probar las distintas reacciones posibles a acciones similares en otras partes del país, en los próximos meses. ¿Cómo esperar que critique a los regímenes de Cuba, Venezuela o Nicaragua por encarcelar a opositores, cuando él está contemplando seguir por la misma senda?
Otra opción es empezar a hostigar a empresarios que simpatizan con las ideas de la oposición, para que dejen de apoyar económicamente a actividades de cuestionamiento. Ahí está el SAT como guillotina para quien ose desafiar el proyecto presidencial.
Otra vía es hostigar a la prensa libre e independiente hasta la sumisión o, de plano, su desaparición. La amenaza clásica sirve en este caso. “Plomo o plata” es la frase exacta. Las prácticas del crimen organizado se están incorporando al directorio de métodos para intimidar a toda aquella persona que no comparte el punto de vista del Presidente. Matar a periodistas se hace como práctica para ver hasta dónde puede llegar el gobierno con esas técnicas adoptadas del narcotráfico.
De hecho, las alianzas “tácticas” de Morena con el crimen organizado a lo largo y ancho del país han servido para afinar sus tácticas terroristas en la búsqueda de la sumisión de actores políticos, sociales, intelectuales, culturales y científicos, además de periodistas, que se oponen a la deriva autoritaria que AMLO le ha impuesto al país. Destruir a la oposición en cualesquiera de sus manifestaciones es, hoy por hoy, un objetivo estratégico de AMLO.
Todas las acciones para demoler al Estado, liquidar a la oposición y apropiarse del país como su rancho personal, parecen fincarse en el profundo miedo que le provoca la idea de ir a elecciones libres y competidas con la oposición el próximo año. ¿Su temor? Perder la elección presidencial y tener que enfrentar el juicio de la historia sobre su gestión de seis años, sus retrocesos, fracasos y más: la corrupción galopante de los miembros de su gobierno y familia. Nunca acepta rendir cuentas por sus actos y gastos.
RICARDO PASCOE
Fuente: El Heraldo de México