Jorge Luis Telles Salazar.
A juzgar por las concluyentes declaraciones del gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, la Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene nada de que preocuparse, al menos por el tema de una eventual reforma a su ley orgánica. Tampoco la Universidad Autónoma de Occidente, ni mucho menos la Universidad Autónoma Indigenista de México.
Si, en efecto, tras el reciente vendaval desatado por la publicación del Congreso del Estado en cuanto a su agenda para el presente año, el titular del Poder Ejecutivo ha dejado en claro, hasta en tres ocasiones, que él no va a remitir al Legislativo ninguna iniciativa de reformas a la ley orgánica de las tres universidades antes mencionadas y confesó desconocer si a estas alturas existe ya alguna en la Oficialía de Partes del Palacio Legislativo.
La última de estas precisiones tuvo lugar en el campus Culiacán de la UAdeO frente a la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, cuya voz secundó, en su momento, a la del rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, bajo el argumento de que una acción en tal sentido sería violatoria a la autonomía universitaria, así como a la Ley General de Educación, en cuya aprobación participó decididamente el ahora gobernador Rocha Moya allá por 2019, como presidente de la comisión de Educación del Senado de la República.
En el curso de la última semana el tema se abordó en diferentes ocasiones, de tal modo que a estas alturas a todo mundo le queda muy claro que cualquier modificación a la ley orgánica, de la UAS, la UAdeO o la UAIM tendrá que proceder, necesariamente, del mismo núcleo universitario. Legalmente no hay otro camino.
De esto, como ya lo señalamos en su momento, el gobernador Rocha Moya sabe y mucho y es el primer convencido, por ende, que ninguna iniciativa pasará en la cámara local si no es bajo la circunstancia señalada.
Que no hay ninguna iniciativa sobre el particular, acotó el mandatario.
Evidentemente se refiere a una nueva iniciativa porque al 30 de septiembre de 2021, al cerrar su ciclo la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado había hasta cinco al respecto -hasta donde sabemos-; una de ellas remitida por la administración de la UAS encabezada entonces por Juán Eulogio Guerra Liera.
Y excepto esta última todas coincidían en modificar, como punto central, el proceso de elección para rector de la UAS.
Esto último, quizás no precisamente para volver a los tiempos de la elección universal, aunque no tan libre, ni tampoco tan secreta; pero si para reformar el modelo actual en el cual la selección del nuevo rector está en manos de un Consejo Universitario, bajo el control prácticamente absoluto de quien encabezó, justamente, la redacción de la ley vigente hasta los tiempos actuales: Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector entre 2005 y 2009.
Desde la perspectiva de que ninguna de estas cinco iniciativas pasará, le asiste la razón al actual gobernador, en la inteligencia de que, si se pretende una nueva reforma, ésta deberá reunir las condiciones ya señaladas.
De esto no existe la menor de las dudas.
Algo debe haber de fondo, sin embargo, porque obviamente, además del gobernador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez, tampoco ignoraba esta serie de requisitos y sin embargo dio paso a la publicación de la agenda parlamentaria, a sabiendas de la reacción a causar, particularmente en el principal círculo de poder al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Después de todas las reacciones habidas y por haber, que terminaron por salpicar al propio gobernador, pudiera pensarse que la manera más fácil de apagar este diferendo seria la eliminación inmediata de ese punto contemplado en la agenda parlamentaria para 2023; pero el papel en que quedaría el diputado Feliciano no sería propiamente el más adecuado.
Que no cunda el pánico, recomendó el gobernador, al insistir en que él no mandará ninguna iniciativa al Congreso con estas características; pero eso no quiere decir que nadie más pueda hacerlo. Por supuesto que sí.
En realidad, un asunto como el que aquí hacemos mención no puede ser tratado tan a la ligera como parece, ni mucho menos dar marcha atrás en lo que dejaría una evidente estela de derrota política. Evidentemente hay mar de fondo y esto, quiérase que no, conduce a una reflexión inevitable: tener, de una manera u otra, el control político de la Universidad.