Richard Lizárraga Peiro
Los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel incurrieron en los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado por la retención, desvío o apropiación de recursos que el Sistema de Administración Tributaria envió, por medio del gobierno estatal, a la Universidad Autónoma de Sinaloa por concepto de devolución del Impuesto Sobre la Renta.
Por ser recursos federales los acopiados, corresponde al SAT/SHyCP y a la Auditoría Superior de la Federación auditar los gobiernos de Malova y Quirino Ordaz Coppel, para determinar el destino del ISR y fincar responsabilidades. Los recursos no entregados a la UAS pudieran ascender a más de los 2 mil 35 millones, cantidad que reclama el SAT a la Universidad.
De acuerdo al análisis de la demanda –y los documentos que le dan soporte legal – que la Universidad Autónoma de Sinaloa interpuso en la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra el cobro de poco más de 2 mil millones de pesos del SAT, la UAS está imposibilitada a regresar ese dinero porque nunca se le depositó.
De acuerdo al artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal y a los acuerdos establecidos por la Universidad con la entidad estatal y con la Subsecretaría de Educación Superior y las autoridades fiscales, es obligación del SAT devolver a la UAS el Impuesto Sobre la Renta, depositándoselo al gobierno del estado, para que este a su vez lo entregue a la UAS a fin de que la institución pueda cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras.
El SAT sí deposito el ISR a los gobiernos de Malova y Quirino Ordaz, pero no lo entregaron a la UAS. Lo retuvieron o lo desviaron a otros rubros. El ISR es un recurso federal. Sin embargo, los gobiernos incidieron también en la práctica de no enterar otro tipo de aportaciones, como la de los trabajadores, en el fideicomiso del SIAP (Sección 53 del SNTE), el ISSSTESIN y el IEPES.
El adeudo requerido por el SAT es por el ejercicio fiscal 2015 y 2016, años en los que estuvo al frente de la rectoría de la Casa Rosalina, Juan Eulogio Guerra Liera. Del 2000 al 2020, la Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido sometida año tras año a diferentes auditorías. La UAS ha cumplido a cabalidad con La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera y otras normas para transparentar la aplicación de su presupuesto anual.
La UAS no reconoce ningún adeudo. De la demanda se desprende que la responsabilidad del adeudo recae en el no cumplimiento de gobiernos estatales salientes que no entregaron el ISR a la Universidad.