Estadunidense es acusado de proveer armas al cártel de Sinaloa

Lloyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, Texas, fue acusado de conspiración para suministrar armas de fuego al cártel de Sinaloa. Además, varios hombres fueron responsabilizados de otros delitos relacionados, entre ellos Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años, informó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Señaló a Hall como responsable de “brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación a Estados Unidos, posesión de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico, varios cargos por proporcionar declaraciones falsas a un vendedor de armas de fuego y conspiración para la compra y el tráfico ilícito de armas de fuego”.

Entre los señalados, un estadunidense y un mexicano

Quezada Meza, residente de Dumas, Texas, y Omar Velásquez, de 44 años y residente de Utah, cuya nacionalidad no se detalló, “están acusados de conspiración para la compra ilícita de armas y complot para el tráfico ilícito de armas de fuego”, agregó el comunicado.

De acuerdo con el texto, entre 2024 y 2026, Hall y varios de sus cómplices mantuvieron una relación con un miembro del cártel de Sinaloa en Chihuahua. Mediante estos nexos, el primer acusado “proporcionó armas de fuego, conocimientos técnicos y asesoramiento sobre cómo evadir de las autoridades estadunidenses al cártel de Sinaloa, a pesar de saber que se trataba de una organización terrorista extranjera”.

El fiscal general encargado del caso, Ryan Raybould, añadió que Hall colaboró con cómplices, tanto identificados como anónimos, para lograr ese objetivo.

“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos hacia un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, declaró Raybould.

En caso de ser declarado culpable, Lloyd Walter Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua, mientras el ciudadano mexicano podría ser sentenciado hasta a 15 años de prisión en una cárcel federal estadunidense.

Fuente: La Jornada