El nivel de animadversión del presidente de la república hacia la Suprema Corte de Justicia.
El nivel de animadversión del presidente de la república hacia la Suprema Corte de Justicia, ha derivado en una propuesta de reformas legales para anular derechos laborales adquiridos de trabajadores del poder judicial. En la lógica distorsionada del oficialismo, la venganza en contra de 8 ministros (excluyo de ese sentimiento negativo a las dos ministras y al expresidente que se han distinguido más por sus complacencias al ejecutivo que por su rigor jurídico), alcanza para golpear prestaciones legítimas de más de 50 mil colaboradores de todos los niveles en el poder judicial.
Resulta patético que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados haya dado luz verde a propuestas para la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, cuando es obvio que no es materia de ellos, sino de la Comisión de Justicia.
Bajo la convocatoria de nuestro presidente, Alejandro Moreno, los miembros de la bancada del PRI estamos listos para participar activamente en el debate que se llevará a cabo en el pleno. Nuestro propósito es asegurar que este dictamen, que pretende abolir
fideicomisos en el Poder Judicial, no perjudique los derechos adquiridos de los trabajadores.
Es crucial reconocer que el Poder Judicial representa una parte esencial de cualquier sistema democrático y no debe someterse al Poder Ejecutivo mediante restricciones presupuestarias injustificadas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado su preocupación, señalando que la extinción de trece de los catorce fideicomisos del Poder Judicial plantea un riesgo significativo para el sistema de justicia. La estabilidad financiera del Poder Judicial es una cuestión de seguridad nacional, ya que es imperativo que dispongan de los recursos necesarios para no depender de la voluntad política de la persona que esté en la presidencia y mantener su independencia.
La independencia judicial es fundamental para garantizar la justicia y la equidad en una sociedad democrática. Parafraseando a un destacado jurista, la percepción de justicia en la realidad depende de la capacidad de los ciudadanos para discernir lo justo e injusto, independientemente del partido político en el poder. En nuestro análisis del dictamen, es fundamental rechazar la narrativa errónea que califica a los fideicomisos como instrumentos ilegales.
Estos están reconocidos tanto en la Constitución como en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y representan derechos legítimos de los trabajadores del Poder Judicial. No podemos permitirnos caer en la espiral de acciones revanchistas por parte de Morena hacia el Poder Judicial.
Vamos a dar el debate para impedir un golpe al equilibrio de poderes y el asunto no quedará concluido con la intransigencia de los votos oficiales en el pleno.
LORENA PIÑÓN RIVERA
Diputada federal
Fuente: El Heraldo de México