Alvaro Aragón Ayala
La Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónes, hizo escarnio una vez más de la imagen póstuma del periodista asesinado Luis Enrique Ramírez Ramos, metiendo la investigación en un “suspenso peliculesco”, negándose a informar sobre los móviles del crimen. Que ya se solicitaron –dijo- dos órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del atentado.
Así, pues, Sara Bruna no informó nada. No ofreció detalles sobre el homicidio, del que dijo que ya se conoce el móvil, pero no lo dio a conocer para no violar, según dijo, el debido proceso. El gobierno estatal ofreció que antes del 7 de Junio -Día de la Libertad de Expresión-, se darían a conocer los pormenores del crimen, pero únicamente se dio atole con el dedo a la sociedad y al gremio de la comunicación.
“Descartando que en la privación de su vida haya tenido que ver su actividad de periodista, siendo otras las razones por las cuales se privó de la libertad primero, y de su vida después. Se ha establecido el móvil del hecho, la cronología y la modalidad concurrida, así como la identidad de los responsables”, manifestó en un comunicado la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.
La titular de la FGE aclaró que, si bien hay presión social para que este caso tenga ya a los responsables ante la justicia, es necesario observar con pulcritud todos y cada uno de los pasos legales, orientados a que, quienes resulten señalados puedan ser presentados ante el juez penal.
Hasta el momento sólo se estableció que el homicidio del periodista no fue por su labor como tal, aunque desde el inicio de las investigaciones, esta no se descartó.
Luis Enrique Ramírez salió de su casa la madrugada del 5 de mayo, entre las 2 y 3 de la mañana. Un par de videocámaras grabaron momentos en que sostuvo un forcejeo con un hombre y este le disparó en una de sus piernas.
Herido, Ramírez trató de correr hacia su domicilio en la colonia Los Pinos, pero una persona lo siguió. Después de eso se perdió la imagen del periodista y del hombre.
En el teatro de los hechos había dos vehículos relacionados con el crimen, los cuales quedaron videograbados. Una de las unidades motrices ingresó y salió del área donde fue encontrado el cuerpo de Ramírez al sur de Culiacán.
Del crimen y su lucro político
Desde un principio, el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez tomó varias vertientes: el lucro político del homicidio y la investigación científica-criminal. Un grupo de especialistas realizó la autopsia psicológica de quien en vida fue el autor de la columna El Ancla, publicada por El Debate.
En un intento por encontrar pistas para identificar y dar con el paradero de los criminales, además de las videograbaciones y las entrevistas con los familiares y amigos, con actores políticos, con comunicadores y las investigaciones de campo, un grupo de especialistas realizó un análisis victimológico de Luis Enrique Ramírez.
La elaboración de la autopsia psicológica ayudó en parte a contestar el por qué el periodista abandonó su casa entre las 2 y 3 de la mañana; con el aporte de datos psicobiográficos, donde se puso énfasis en el examen de varios eventos de la vida de Luis Enrique Ramírez se pudo establecer que vivía en constante estrés.
Por datos aportados por la familia, los investigadores supieron que Luis Enrique atravesaba por una situación “delicada” debido a problemas con su pareja sentimental y la adopción de una menor de edad. Los investigadores crearon una línea de investigación para desentrañar este conflicto.
La dignidad póstuma de Luis Enrique
Para el grueso de la sociedad y el gremio periodístico con capacidad de análisis quedó el registro de la violación póstuma a la dignidad del comunicador y la politización de su cadáver. El crimen fue usado sin recato para entronizar jugadas políticas y para tratar de “engañar” a los periodistas con los pobres resultados de la investigación.
Quedó claro que la Fiscal General de Justicia del Estado, Sara Bruna Quiñónes Estrada, no fue quien dirigió ni dirige la investigación del asesinato de Ramírez Ramos. La carpeta de investigación cayó en manos del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Así, en la indagatoria fueron clavadas las raíces de la perversidad y la duda.
Al politizar el cadáver de Luis Enrique Ramírez, al pretender “manipular” el impacto psicológico que generó el crimen, la Fiscalía General de Justicia vulneró la memoria póstuma del columnista de El Debate y faltó a los principios de la necroética, que considera las relaciones afectivas y simbólicas en torno al cadáver como extensión de la dignidad humana, la cual no claudica con el término de la vida.
La “investigación” y las solicitudes de las dos órdenes de aprehensión dados a conocer por medio de un comunicado por la Fiscal Sara Bruna no deja conforme ni a la sociedad ni al gremio de los comunicadores, pues solo le mete “suspenso” al caso. Así, los “resultados” de la indagatoria criminal, sean cuales sean, siempre estarán cubiertos por la duda razonable, por la desconfianza ciudadana y del gremio periodístico.