Estefanía López Mendoza.
De acuerdo con lo que dicta el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la remuneración de los integrantes de las instituciones policiales debe ser proporcional al riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos. Es decir, el salario de los policías del país debe ser proporcional al contexto de violencia e inseguridad en el que ejercen sus labores; además, se debe contar con sistemas de seguros para los familiares de los policías abatidos.
En concordancia con esta misma ley, la federación, las entidades federativas y los municipios deben promover en el ámbito de sus competencias respectivas, las adecuaciones legales y presupuestarias en los diferentes ámbitos de competencia. Sin embargo, como ha documentado Causa en Común, las policías permanecen en un retraso crónico en materia de dignificación laboral. Ejemplo de ello son las 18 manifestaciones, 7 paros y 2 emplazamientos a paros que han ocurrido durante el 2023. En estos casos, las principales motivaciones de los policías están relacionadas con la exigencia en una mejora de salarios, y denuncias por el incumplimiento de prestaciones como seguro de vida y ayuda económica para familiares de policías abatidos.
Durante 2022, Causa en Común dio seguimiento a algunas de estas movilizaciones, con la finalidad de saber cuál es la respuesta de las instituciones de seguridad ante las demandas de sus elementos. A continuación se enlistan algunos ejemplos que evidencian un nulo compromiso de las autoridades para atender estas demandas.
El 3 de enero de 2022, policías del municipio de Tepeapulco, Hidalgo realizaron un paro de labores en el que exigían un incremento salarial y la entrega de despensas. Medios locales dieron cuenta de que la alcaldesa habló con los policías, autorizando la entrega de 105 despensas, además de comprometerse a realizar un incremento salarial. Vía transparencia, se preguntó a la Presidencia Municipal respecto al incremento salarial; la respuesta fue que no se había registrado ningún paro, y que no había habido avances en cuanto a los compromisos.
En otro caso, el 29 de enero de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco amagaron con un paro de labores, denunciando descuentos no reconocidos en quincenas, y otras presuntas violaciones laborales como la falta de recibos de nómina. A pesar de que los medios de comunicación señalaron que se había llegado a un acuerdo entre policías y altos mandos, la SSPC del estado respondió en una solicitud de transparencia que no se tenía ninguna información sobre quejas y/o denuncias de policías, y por ende, no existía información sobre acuerdos reparatorios.
El 1 de agosto de 2022 se registró un paro de labores en el municipio de Tehuacán, Puebla, en donde los elementos de la policía auxiliar exigieron el aumento salarial prometido a inicios de ese año. Ante una solicitud de información se señaló que el incremento salarial sería aplicado la segunda quincena de agosto de dicho año. No obstante, a inicios de febrero de 2023, los policías continuaban manifestándose debido a la falta de acuerdos.
Si bien en estos ejemplos las autoridades municipales y estatales han mostrado poco (o nulo) compromiso ante las peticiones de los elementos de seguridad, la responsabilidad de mejorar las condiciones laborales de los policías recae en los tres niveles de gobierno, tal como lo dicta el artículo de la LGSNP citado. Sin embargo, ¿cómo se pueden esperar mejoras a nivel local si lo que se ha visto en los últimos años son recortes presupuestales promovidos desde el gobierno federal?
Investigadora de Causa en Común
Fuente: El Sol de México