Nuevo León siempre ha sido un estado cuyas políticas han sido influidas por los grupos empresariales.
Nuevo León siempre ha sido un estado cuyas políticas han sido influidas por los grupos empresariales, que han impulsado la modernidad y el progreso de esta entidad; la prueba más evidente fue el triunfo electoral, como candidato independiente, de Jaime Rodríguez El Bronco y, también, la elección de Samuel García con Movimiento Ciudadano.
La crisis política actual tiene dos aspectos: el local, que tiene que ver con la pugna permanente que ha existido en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; y en el ámbito nacional, la decisión del gobernador de ser aspirante a la Presidencia de la República y, al mismo tiempo, seguir controlando la política y los fondos locales.
La crisis constitucional es claramente fácil de resolver, si nos atenemos al texto de la Constitución Federal y Local, que prevén que si se trata de una licencia de un mes o menos, el gobernador es sustituido por un encargado del despacho; mientras que si esa licencia es de mayor tiempo, el Congreso local debe definir al gobernador interino, sin ninguna obligación de que sea de un partido o de otro. Jurídicamente no hay duda, este criterio ha sido ratificado, en el caso concreto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no obstante, el gobernador ha intentado, a toda suerte de chicanas y de pleitos leguleyos, sin ninguna base jurídica y ha obtenido, incluso, suspensiones de jueces federales, que ni siquiera tienen competencia en el tema.
Dada la situación que existe, sólo pueden darse las siguientes soluciones:
Uno, Samuel García acepta al gobernador interino nombrado por el Congreso local, con alguna negociación de última hora.
Dos, Samuel García retira su solicitud de licencia, sigue gobernando Nuevo León y renuncia a la precandidatura presidencial.
Tres, Samuel García impone a su secretario de Gobierno como encargado del despacho, utilizando a la fuerza pública, lo que desembocaría en una crisis grave que puede llegar a la violencia y, en consecuencia, la desaparición de poderes.
Cuatro, frente al conflicto entre poderes, se aplica lo previsto en las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional, que entre las facultades exclusivas del Senado, permite el nombramiento de un nuevo titular del Poder Ejecutivo local –declarando, previamente, desaparecidos todos los poderes de esa entidad—, el nuevo gobernador sería designado, a propuesta de una terna presentada por el Presidente de la República y designado por mayoría calificada del Senado. En este caso perderían tirios y troyanos, pues tanto el Congreso local, como el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo de Nuevo León quedarían desaparecidos. Esto último no podrá ocurrir, si Morena (López Obrador) no está de acuerdo, pues tiene la mayoría en el Senado.
En cualquier caso, este conflicto afecta el tablero político nacional, pues la candidatura de Samuel García a la presidencia, puede quitarle votos al Frente Opositor, sobre todo, con jóvenes desinformados que puedan ser manipulados por las redes sociales y por la frivolidad del fosfo fosfo.
Lo importante es que no llegue la sangre al rio en Nuevo León.
ALFREDO RÍOS CAMARENA
Fuente: La Jornada