De invalidar la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría liberar a más de 68 mil presuntos delincuentes acusados de crimen organizado, feminicidio, homicidio, corrupción, violación de menores, desaparición de personas y secuestro, entre otros.
De invalidar la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría liberar a más de 68 mil presuntos delincuentes acusados de crimen organizado, feminicidio, homicidio, corrupción, violación de menores, desaparición de personas y secuestro, entre otros.
Lo anterior resulta tan alarmante que, sin importar colores partidistas, todos los gobernadores del país firmaron una carta dirigida a la presidenta de la SCJN para solicitarle que no inhabilite esta figura que brinda protección a las víctimas y denunciantes de dichos delitos, así como a los policías que detienen a los presuntos culpables.
Recordemos que la intención de la SCJN de dejar sin efecto una figura consagrada en la Constitución Política como la prisión preventiva oficiosa proviene de una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que exige inhabilitar esta norma, lo que abre a la pregunta: ¿Hasta dónde este organismo puede ordenar a un país como México cambiar su Constitución con el pretexto de salvaguardar los derechos humanos?
Y dicha pregunta es obligatoria, toda vez que existen potencias mundiales que a lo largo de su historia han violado derechos humanos de niños, mujeres, hombres y adultos mayores a diestra y siniestra con el cobijo de la ceguera de organismos internacionales que no quieren ver sus atrocidades y guardan silencio incluso, ante delitos de lesa humanidad, como lo que actualmente sucede en la Franja de Gaza, en donde se ha documentado que Israel ha violado los derechos humanos de los palestinos por décadas y, recientemente, asesinado a personas inocentes, además de bloquear rutas de evacuación asfixiando aún más a la población palestina. Ante esto nos preguntamos
¿Qué organismos internacionales están viendo y cuestionando estas violaciones a derechos humanos? Pocos, mientras la CIDH voltea a ver con lupa a México por la prisión preventiva oficiosa, no mira hacia a otras naciones americanas en donde la gente sufre sistemáticamente la violación de sus garantias.
Seguramente la CIDH no ha dimensionado que la acción que está a punto de aprobar la SCJN va a colapsar al mismo Poder Judicial de la Federación, porque no tendría capacidad en todos los juzgados del país para revisar caso por caso de los 68 mil presuntos delincuentes que tendrían la posibilidad de ampararse y quedar en libertad.
Y es que independientemente de la ideología o color de cualquier gobierno, éste debe contar con instrumentos para prevenir y combatir a la delincuencia, y uno de ellos es la prisión preventiva oficiosa.
Por eso, espero que esta vez la Corte si tenga altura de miras y sus ministros analicen con cuidado qué es más importante si la propuesta de un organismo internacional o la gobernabilidad y paz social de nuestro país.
JULIO CÉSAR MORENO
Fuente: El Heraldo de México