Alvaro Aragón Ayala
En una jugada apresurada, con el llamado a la “no intervención en la autonomía de nuestro sindicato”, la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -SNTE- intenta “blindar” a su líder vitalicio Daniel Amador Gaxiola sobre quien recaen sospechas en torno al uso irregular de los recursos del Fideicomiso Sistema de Ahorro y Préstamo -SIAP- y del apropiamiento de los dineros que ha generado la renta del edificio de la Unidad de Servicios Estatales -USE-.
El SIAP tenía operando 25 años bajo un esquema que solo conocían los gobernadores en turno y los líderes de la Sección 23. En ese tiempo se calcula que debería de tener en sus arcas alrededor de 6 mil millones de pesos de “ahorro”, provenientes del ISR de 20 mil trabajadores del sector educativo estatal, en tanto que el monto y el destino de la renta de la USE, propiedad del fideicomiso de la Sección 27 del SNTE, es todo un “misterio”. Los dos casos son una “papa caliente” y el gobernador Rubén Rocha Moya los puso en el centro del debate.
El mandatario estatal dio a conocer en “La Semanera” del lunes que los fondos que tiene el SIAP, son de alrededor de 132 millones de pesos y de que el edificio de la USE es propiedad de un Fideicomiso (de la Sección 53 del SNTE), revelaciones que provocaron una airada reacción de la dirigencia de los maestros estatales porque el “golpe” le da en la línea de flotación a su líder vitalicio Daniel Amador Gaxiola.
La Sección 53 del SNTE publicó en sus redes digitales un comunicado sin la firma de su dirigente, Fernando Sandoval Angulo, tradicionalmente sujeto a las estrategias que le fija Daniel Amador Gaxiola. Aquí el texto completo del documento:
El 15 de octubre, antes de terminar su mandato, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel desapareció de la nómina del magisterio estatal los conceptos Z1 y Z2, correspondientes al 25 por ciento del sueldo de los trabajadores de la educación, porcentaje que se separaba del 01 (clave del sueldo), para disminuir la base gravable de los ingresos del magisterio, y cuya diferencia del ISR se inyectaba al financiamiento del SIAP de los maestros.
Los ahorros del SIAP siempre se manejaron en secreto. La cuenta que almacenaba o almacena esos recursos fueron operados como un fideicomiso privado al que sólo tenían acceso el gobernador en funciones y el dirigente de la sección 53 del SNTE, en turno, así como las autoridades del banco fideicomitente. Como figura central en la operación del SIAP aparece Daniel Amador.
A la vez que suprimía la canalización de una parte del ISR -con que se financiaba el ISAP-, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no transfirió el fideicomiso de los maestros al gobierno de Rubén Rocha Moya, como lo había hecho con todos los gobernadores anteriores, desde Francisco Labastida Ochoa hasta Quirino Ordaz, cerrándole al nuevo mandatario estatal el acceso a la información y a la administración de esos recursos.
En el caso del edificio de la USE, en la conferencia de “La Semanera”, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que no reconocerá ningún adeudo por la renta del inmueble y precisó que empezará a pagar solo desde que empezó esta administración, dado que no hay no hay un contrato que avale la deuda y los obligue a pagar.
“No vamos a cubrir algo que no nos corresponde a nosotros”, puntualizó y dijo que “no estamos dispuestos a pagar nada de atrás, estamos dispuestos a pagar la renta a partir de que nosotros llegamos al gobierno”. Rocha Moya aclaró que la USE es propiedad de un fideicomiso de los trabajadores del estado (Sección 53 del SNTE), asegurando que ya dialogó con los líderes sindicales, pero no hay una propuesta formal con quienes administran el fideicomiso.
Rocha Moya aclaró que el inmueble en donde funciona la USE nunca ha sido del gobierno ni de ningún particular ni del ex gobernador Juan Millán como se especuló durante mucho tiempo.