Suprema Corte: perseguir la utopía

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea concluyó este diciembre de 2022 su periodo de cuatro años.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea concluyó este diciembre de 2022 su periodo de cuatro años en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y su gestión, que tiene claros resultados positivos, no ha escapado a críticas de medios y círculos cercanos a la oposición, que la juzgan complaciente con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este, por su parte, ha reprochado conductas de jueces, magistrados y ministros.

Nada extraordinario, la opinión sobre los juzgadores es así de mudable. Para los favorecidos por sus sentencias, los juzgadores son imparciales y doctos impartidores de justicia. Y para los desfavorecidos, son corruptos y servidores de intereses políticos o económicos.

Desde mi perspectiva, en la gestión de Zaldívar la Corte -el colegiado, no solo su presidente- no ha sido para nada complaciente con el gobierno, pero tampoco su adversaria. Una muestra de esto es un análisis que efectuó el periódico Reforma -severo crítico de AMLO- sobre 18 votaciones relevantes del pleno de la SCJN entre 2019 y 2022, y sólo en cuatro casos hubo mayorías en favor del gobierno, Morena y sus aliados, y solo una de ellas fue por unanimidad. ¿Puede hablarse de complacencia?

Está fuera de discusión que la Corte, y con ella el Poder Judicial completo, deben ejercer su autonomía y hacer efectiva la división de Poderes. En el proceso de sucesión de Zaldívar importa que esa autonomía también rija y los ministros voten con entera libertad y rechacen cualquier injerencia externa. Cuando las presiones tienen éxito, los responsables son dos: quienes presionan y quienes se dejan presionar.

Al margen del proceso sucesorio, se precisa señalar una distorsión frecuente: la exigencia de que la Corte sea contrapeso del Ejecutivo. Zaldívar ha dicho y reiterado que la SCJN no es un partido de oposición, sino un poder equilibrador y garante del orden constitucional, por lo cual puede vérsele, si acaso, como un “contrapeso constitucional”, pero no político. O como lo ha expresado el respetable constitucionalista Diego Valadés, la Corte “no es ni debe ser un contrapeso del gobierno… Los contrapesos deben estar en el Congreso”.

Dijo Zaldívar que se va satisfecho y tiene derecho a estarlo porque encabezó una etapa de avances que no deben regatearse. No obstante, la justicia pronta y expedita todavía no se logra a plenitud ni tampoco la erradicación de jueces corruptos.

En su último informe, el ministro ofrece una visión certera sobre la realidad nacional, cuando visualiza un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo; un México en el que los marginados y los discriminados sean volteados a ver y tengan educación, vivienda, salud, alimentación y justicia.

Ese México aún camina en la utopía, esa utopía de la que hablaban Fernando Birri y Eduardo Galeano, también citados por el ministro. En este marco, la satisfacción de Zaldívar se relaciona con el hecho de que hoy, en el terreno judicial federal, esa inalcanzable utopía, aunque fuere por unos centímetros, está menos lejana que hace cuatro años.

PLUS ONLINE: El próximo presidente de la SCJN

Cinco integrantes de la Corte se han inscrito para suceder a Arturo Zaldívar. Ellos son, en orden alfabético por apellidos: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.

Para ser presidente de la Corte, alguno de los candidatos debe obtener al menos seis votos. Si ninguno los reúne en una primera ronda, habrá otra en la que solo participarán los más votados; en esa segunda vuelta, quien alcance seis votos o más será el nuevo presidente de la SCJN.

Los aspirantes más fuertes son la ministra Esquivel Mossa y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Sin menoscabo de éstos, veo a la última enlistada, Piña Hernández, como la más idónea para encabezar la SCJN y el Consejo de la Judicatura, por su solidez jurisdiccional y su propuesta de colegialidad, entre otras virtudes.

Y en mi opinión, dos ministros que también ofrecen garantías de solvencia jurídica y ética no figuran entre los aspirantes: Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. La primera tuvo una gestión exitosa en la presidencia de la Primera Sala de la SCJN y el segundo posee una larga trayectoria jurisdiccional y presidió el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Lamentable que no se hayan registrado. 

EDUARDO R. HUCHIM

Fuente: El Heraldo de México