En México, 72% de los eventos de desplazamiento interno es generado por la violencia del crimen organizado.
Tienes menos de un minuto para huir con tu familia. Llevarán lo que traen puesto y lo que puedan cargar. Entre disparos, decides entre tus documentos, tus ahorros, tus recuerdos. La vida de cada uno peligra por cada segundo que no te muevas. Subirse a un vehículo no es opción. Los bajarán a balazos.
Después de tres horas a salto de mata llegan a una comunidad a oscuras.
No tienen dónde dormir; nadie te abre la puerta y no te alcanza para un hotel. Quieres regresar a tu casa, pero no sabes cuándo podrás.
¿Quién le dará de comer a tus borregos? ¿Y tu tiendita, la habrán saqueado? Todo aquello por lo que trabajaste tanto se perdió en segundos.
Así se vive un evento de desplazamiento interno (DI), llama – do así porque no se cruzan fronteras internacionales y cuyo concepto implica esta salida forzada o involuntaria.
Según el Informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2022 del ACNUR, al menos 62 millones de personas en el mundo han sido forzadas a huir de sus hogares por diversas razones.
En México, si bien no hay cifras oficiales, datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indican que en junio de 2023 sucedieron eventos masivos de desplazamiento forzado en Chihuahua, Oaxaca y Michoacán, movilizando a 800 personas el más numeroso.
Esto no implica que no suceda en otras entidades: se han observado eventos similares en Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Dicha organización estima que 72 por ciento de los eventos de desplazamiento interno es generado por la violencia del crimen organizado y que al menos 386 mil personas, de 2006 a 2022 en México, lo han padecido.
La relevancia de contar con un marco jurídico que delimite competencias establezca mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, poderes y dependencias, y destine presupuesto suficiente para ello, sería un gran paso para atender de manera integral el DI.
A la fecha no existe legislación federal y sólo los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con ley en la materia.
Las estrategias de atención a nivel local del DI han mostrado aciertos y retos pendientes que sin duda marcarán rumbo a nivel nacional.
Colocar al fenómeno en la agenda pública nacional es urgente
Por su parte, organizaciones internacionales como ACNUR México han trabajado conjuntamente con autoridades, personas desplazadas internas, sociedad civil y organismos internacionales para brindar asistencia técnica y apoyar en la generación de respuestas operativas de restitución de derechos humanos con una perspectiva hacia soluciones duraderas.
Sin embargo, para que las personas desplazadas puedan retomar su vida, todos podemos contribuir.
Comprender el fenómeno y empatizar con quien lo padece es un buen comienzo.
MIRIAM HEREDIA ZERTUCHE
ABOGADA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA
Fuente: El Heraldo de México