El aprobar que los jueces no puedan impedir actos u obras de la autoridad en lo general por medio del amparo concedido a un individuo determinado, es permitir que se puedan violar los derechos de todos los demás ciudadanos.
¿Quién dijo ‘el pueblo sobre todo’? El mismo que ha puesto al pueblo soportando todo. Antes se podía decir que ocurría mayoritariamente con el pueblo que paga impuestos en este país; ahora esa afrenta del obradorismo va contra todos sin excepción.
El nuevo embate contra la Ley de Amparo por parte de la 4t es claramente una forma de dejar a la población —llámese pueblo, pueblo bueno, ciudadanía, amlovers, fifís o conservadores— sin una protección básica y fundamental en contra de decisiones arbitrarias, ilegales, abusivas y hasta inconstitucionales de la autoridad. Esto es, dejar a la sociedad sin el cobijo que da la legislación (y a su vez los derechos contemplados en esta) que se ha establecido, fortalecido y mejorado durante centurias.
El aprobar que los jueces no puedan impedir actos u obras de la autoridad en lo general por medio del amparo concedido a un individuo determinado, es permitir que se puedan violar los derechos de todos los demás ciudadanos.
Pero desmantelar la figura jurídica conocida como ‘juicio de amparo’ es además una forma adicional con la que este régimen se quita del estorbo que le significa el sistema político de pesos y contrapesos en el que sustenta nuestra República. No exagero al decir que lo que ha acontecido en el Congreso con respecto a esta reforma constituye un eslabón más rumbo a la dictadura, donde la égida presidencial sea la que tenga la primera y última palabra sobre cualquier acción político-social y jurídica en México.
El impedir que los jueces puedan otorgar amparos con efectos generales contraviene la noción misma del respeto y de la garantía de defensa a los derechos humanos; se pierde una herramienta fundamental para contener las decisiones del gobierno contrarias al bienestar y al interés social. También el derecho de impugnar cualquier reforma, ley u acto de autoridad; de exigir que la autoridad detenga su accionar hasta que quede fundamentado, de jure y de facto, que no se está afectando el bienestar general de los mexicanos.
Ya no serán necesarios estudios de impacto ambiental, de mejora, de transparencia, de regulación, de evaluación o el fundamentar el porqué de una expropiación. Imperará la voluntad de uno(a) solo(a). Gravísimo.
Con el afán por parte del Ejecutivo federal de acotar al Poder Judicial, se deja a la población sin medios de defensa. En esta acción de traición a la población mexicana, el Poder Legislativo está sirviendo como representante de la voluntad de un individuo y no de un pueblo. Han cedido su poder, su representatividad, para agradar al habitante de Palacio Nacional; para edificar una dictadura.
La reforma a la Ley de Amparo certifica el corazón autoritario de la 4t; confirma que esta vela por mantener su poder aun a costa de los ciudadanos que les encumbraron.
Ricardo Monreal y todos quienes aprobaron esta reforma merecen ir al basurero de la historia. Pero no para ser olvidados, sino para quedar registrados como parte de la “confederación” más vil y dañina que ha existido en nuestro país.
Verónica Malo Guzmán
Fuente: El Heraldo de México