En el Día Mundial de las personas refugiadas, que se conmemora hoy, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) manifestó su preocupación por la situación del desplazamiento forzado interno en México. Aseveró que en los primeros seis meses del 2026, diversos eventos de este tipo han ocurrido en por lo menos cinco estados. Entre ellos Chihuahua, donde aproximadamente 600 personas se vieron obligadas a dejar sus hogares, entre febrero y marzo pasado.
Frente a este contexto, exigió a los tres órdenes de gobierno que se articulen y atiendan “la emergencia humanitaria”, por encima “de las diferencias políticas partidistas, más allá de los intereses comerciales y económicos que sostienen con empresas extractivistas y de la negación constante de reconocer la crisis”.
En un pronunciamiento, la Red -que aglutina a 88 organizaciones civiles- demandó igualmente que se investigue y se sancionen a los actores generadores de violencia, así como que se combata “la impunidad institucional y atiendan al testimonio de personas y comunidades desplazadas, informes temáticos nacionales y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en la materia”.
En Chiapas, apuntó, 30 personas fueron desplazadas en febrero pasado; en Guerrero se registraron alrededor de 800 víctimas en mayo; en Michoacán, más de 600 personas; y en Sinaloa se documentaron mil nuevos casos.
Enfatizó que además de la “violencia estructural y el abandono institucional”, el desplazamiento forzado interno en México “es generado por las acciones del crimen organizado en el control de los territorios: reclutamiento y trabajo forzado, siembra, preparación y trasiego de droga, tala ilegal y demás economías ilícitas que ejercen en las regiones”.
La Red expuso que muchos de estos actos “son permitidos por la alianza pactada con policías y funcionariado municipal, estatal y federal, con caciques locales y con empresas mineras que les contratan para el despojo del territorio que en su mayoría pertenece a pueblos originarios”.
Indicó que actualmente las acciones que realizan las autoridades “suelen ser simulaciones que no atienden efectivamente a las víctimas, no hay políticas públicas con pertinencia cultural ni estrategias y acciones no emergentes apegadas a los principios rectores del desplazamiento forzado interno, a resolver las causas estructurales asociadas a erradicar el crimen organizado, ni mecanismos adecuados para que la impartición de justicia se traduzca en algo real y tangible para las familias afectadas”.
Refirió que en la misión civil de observación en Chihuahua, del 26 al 29 de mayo pasado, se constató que “hay comunidades, algunas indígenas ralámuli y ódami, desplazadas provenientes del municipio de Guadalupe y Calvo, que se movilizan a otras partes del territorio estatal y otras que provienen de estados como Sinaloa y Durango. Esto debido a que en sus hogares hay enfrentamientos entre cárteles, amenazas con reclutar de manera forzada a sus familiares, violencia sexual, secuestros, agresiones físicas y psicológicas”.
Incluso, ahondó, “nos informaron sobre un caso de retorno forzado hacia la comunidad de Atascaderos, Guadalupe y Calvo, en donde las autoridades con competencia en la atención, no brindaron las garantías de seguridad necesarias para el retorno y la permanencia segura, lo que ocasionó el asesinato de una persona y la desaparición de dos personas retornadas más”.
Jessica Xantomila
Fuente: La Jornada