De los 14 mil 36 millones de pesos previstos para la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) el año entrante, según la propuesta que entregarán a la Secretaría de Hacienda, 54.9 por ciento (6 mil 564 millones) se destinará al pago de la nómina, incluidas las compensaciones extraordinarias como el “bono electoral”, equivalente a un mes de sueldo.
En términos generales, para asegurar la presencia y funcionalidad de las 21 unidades responsables, el instituto planea invertir en 2027 un presupuesto de 6 mil 564 millones 17 mil 658 pesos”, se lee en el documento que irá a Hacienda y de ahí a la Cámara de Diputados.
Aún cuando la reciente reforma impuso al INE recortes salariales para que ninguno de sus integrantes gane más que la Presidencia de la República, y se eliminaron prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, el ahorro por ese motivo, unos 375 millones, no significó una reducción significativa en cada área.
Incluso en las oficinas donde se concentran los funcionarios de mayor salario, la baja de gasto no es impactante.
Por ejemplo, la Presidencia del Consejo General del INE tiene actualmente una bolsa de 64.1 millones y la propuesta para el año entrante es de 57.7.
Las 10 restantes consejerías electorales tienen hoy un presupuesto anual, en conjunto, de 248.3 millones, y para 2027 se prevén 241.6. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva, el mando operativo y jurídico del INE, pasaría de 59.4 a 57.5.
Al contrario, hay aumentos en otras áreas como la Dirección Ejecutiva de Administración, hoy con un presupuesto aprobado de mil 505 millones, mientras que en el anteproyecto de presupuesto 2027 –presentado por esta misma área– aparece con mi 749 millones.
A su vez, la Unidad Técnica de Servicios de Informática está registrada en el ejercicio fiscal 2026 con mil 218 millones, y en la propuesta de 2027, con mil 331 millones.
Si la Cámara de Diputados aprueba la solicitud del órgano electoral, mientras 54.9 por ciento se iría a la nómina, menos de uno por ciento sería para materiales y suministros, y 1.45 a compra de vehículos o bienes informáticos, por ejemplo.
En el texto se argumenta que el gasto del presupuesto base en referencia “representa una condición indispensable para garantizar la continuidad de las funciones institucionales, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y el fortalecimiento de los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad que rigen la función electoral “.
En tanto, también del gasto operativo del INE, destaca lo destinado a su estructura descentralizada: 300 juntas distritales y 32 locales o estatales, así como los 881 módulos de atención ciudadana repartidos en todo el territorio nacional.
Para ello, juntas y módulos, el INE solicita para el año entrante 7 mil 472 millones de pesos, de los que 78.3 por ciento se va a los servicios personales: “sueldos base, compensaciones garantizadas, asignaciones adicionales de sueldo, gratificaciones de fin de año, prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo, aportaciones de seguridad social, impuesto sobre nóminas y demás conceptos asociados al régimen laboral aplicable”.
Fabiola Martínez
Fuente: La Jornada