Se fue Quirino Ordaz, símbolo de la opacidad y la corrupción

ÁLVARO ARAGÓN AYALA

El magnate hotelero de Mazatlán, Quirino Ordaz Coppel, se despidió del pueblo Sinaloense con una ridícula alharaca publicitaria en redes digitales y medios de comunicación, emanando el tufo de la opacidad y la corrupción. Por sus pésimos resultados será recordado por la sociedad como el peor gobernador en la historia de Sinaloa.   

El cinismo de Ordaz Coppel aún no tiene fronteras. Hasta el último mes de su gestión hizo lo imposible por aparecer como el mandatario “más honorable” y transparente en comparación de sus antecesores. A contrapartida, en el Congreso Local, los diputados de Morena y el PAS lo califican de frívolo, opaco y dispendioso.  

El reporte real arroja un gasto irregular de Quirino del orden de los mil 905 millones de pesos en publicidad y propaganda, en el maquillamiento de su imagen, del 2017 al 2019. Falta agregar la inversión del 2020 y el 2021 en la Coordinadora de Comunicación Social que se encargó de proteger e “inflar” la figura del ahora exgobernador.  

Quirino Ordaz arribó al Poder bajo las siglas del PRI-PVEM tras la campaña electoral del 2016, diseñada y coordinada en el Tercer Piso del gobierno estatal por Mario López Valdez y Gerardo Vargas Landeros. La operación de desarticulación electoral del PAN y las amenazas dirigidas contra activistas y militantes del PAS ayudaron a su triunfo electoral.  

El día de la elección, en Culiacán, luego de sembrar el terror se paralizó el servicio público para inhibir el voto de los ciudadanos simpatizantes de otros partidos. La victoria electoral se la debe a Mario López y Gerardo Vargas. Ya en el poder, no emprendió acciones legales contra Malova y Vargas, pero si ordenó el desarrollo de una feroz campaña de linchamiento para intentar borrarlos del mapa político de Sinaloa.      

El gobierno de Quirino Ordaz es sin lugar a dudas el más frívolo y corrupto del que se tenga memoria; para ocultar sus latrocinios y el manejo irregular del presupuesto público de las diferentes secretarías de gobierno, coptó a la Auditoría Superior del Estado y manipuló a su antojo los “dictámenes” de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

No es gratuito, entonces, que la sociedad sostenga que la corrupción estigmatizó al gobierno quirinista. Por ejemplo: el escándalo que provocó la distribución de colchones podridos a los damnificados de las inundaciones de la tormenta 19-E, alcanzó estatura nacional e internacional y reveló los “intestinos” de un gobierno inclinado al latrocinio. 

Con el gobierno que se fue, la asignación y ejecución de la obra pública rayó en el libertinaje y la corrupción, pues quien operó esa área, a sus anchas, fue el hermano de Quirino, Juan Carlos Díaz Ordaz, otorgando de manera directa las pocas obras que se realizaron en 17 municipios y con las que se privilegió al municipio de Mazatlán. A cambio de los contratos o las subcontrataciones, exigía el 20 y hasta el 30 por ciento del costo de las obras. 

La mayoría de las obras ejecutadas en Culiacán no beneficiaron a la población; fueron realizadas de manera “planeada” para aumentar la plusvalía de terrenos baldíos y así favorecer los negocios de los amigos de Quirino y su hermano Juan Carlos. En Mazatlán ocurrió lo mismo; ahí en el puerto construyó con recursos públicos el estadio Kraken y se lo cedió a un particular para su explotación comercial y deportiva.  

Protegido por diputados del PRI y por 4 legisladores traidores de Morena, así como por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Coordinación de Comunicación Social que repartió dinero a granel, Quirino Ordaz adquirió a un “precio inflado” el viejo edificio Homex e invirtió una millonaria cantidad de dinero en su “restauración”. 

El inmueble conformado por dos edificios, estacionamiento y sótano tiene un valor catastral de 124 millones 125 mil 046 pesos, pero se lo compró a 154 millones 461 mil 093 pesos, sin contar impuestos. La compra venta firmada por el gobierno de Sinaloa y el Banco Inbursa establece que el Impuesto al Valor Agregado elevó el precio del edificio en casi 20 millones de pesos. 

Después se sumaron 130 millones de pesos en dos contratos para la reconstrucción que consistieron en la rehabilitación, creación de divisiones y mantenimiento del edificio Homex. Se agregaron también trabajos de impermeabilización, tablaroca, sistema eléctrico y de comunicaciones y la compra y reparación del servicio de elevadores para el movimiento del personal. En total, por la reparación y remodelación de los llamados “Edificio A” y “Edificio B”, se invirtieron 652 millones 105 mil 400 pesos. 

Desde el 2017, año en que tomó posesión, al año 2019, se tiene documentado que Quirino Ordaz Coppel realizó más de mil 400 vuelos en las aeronaves propiedad del estado. Falta todavía conocer el reporte que está obligada a entregar por exigencia de una auditoria específica, la Auditoría Superior del Estado, en torno al uso de los aviones y helicópteros en asuntos privados en los años 2020 y 2021. 

Quirino Ordaz dejó toda la estructura gubernamental en “ruinas”; en los trabajos de entrega-recepción, privó en cada una de las secretarías la opacidad y ocultamiento de documentos y archivos. El reflejo es que las secretarías están colapsadas. En la SEPyC y Salud los trabajadores revelaron actos de corrupción por el mal uso de los recursos públicos y asignación irregular de plazas. La Fiscalía General de Justicia está desmantelada. 

Los resultados en materia de seguridad pública y prevención de delitos, es catastrófico, nulo, pese a que ahí todos los días se “mutilan” o “maquillan” las cifras para aparentar que la incidencia de delitos va a la baja. Los grupos criminales se empoderaron en los 18 municipios de Sinaloa y actúan gracias a la omisión o complicidad de los cuerpos de “seguridad” del estado.  

En materia de combate a la corrupción, el resultado del gobierno que se va, el de Quirino, es de cero, pero aun así se despidió con fanfarrias digitales y declaraciones galácticas en los medios que contrastan con el estado de desastre en que dejó la administración y a Sinaloa.